19 de Junio del 2024
El agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos en delitos de corrupción a cargo del juicio contra Sergio I.O., ex director de Radio y Televisión de Hidalgo, ha decidido retirar la propuesta de cuatro de los diez testigos por la presunta dificultad para localizar a dichos testigos.
En la audiencia de juicio que se llevó a cabo el 19 de junio de 2024, se presentaron tres testimonios, incluyendo el de una exdirectora general de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, una perito en Contabilidad y un policía de investigación.
Después de estos testimonios, el agente del Ministerio Público decidió desistirse de los testimonios de Carlos Becerril, director de Administración y Recursos Materiales de RTH; Noé Mohedano Badillo, apoderado jurídico de RTH durante la gestión de Sergio I.O.; Norma Lidia Nava López, trabajadora de la paraestatal; y Juan Carlos Vera Gama, delegado del IMSS, quien testificaría sobre la inexistencia de los trabajadores en las empresas.
Además, el agente del Ministerio Público también se desistió de ocho documentales, incluyendo un oficio firmado por la entonces titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Flor de María López González, y un documento notarial firmado por Francisco González Ortiz.
El juez del Tribunal de Enjuiciamiento advirtió al asesor jurídico del Ministerio Público sobre la importancia de su manifestación, ya que el tribunal no puede resolver sobre pruebas que no se hayan presentado.
Tanto el Ministerio Público como la defensa se desistieron de testimonios y documentales, respectivamente. En la próxima audiencia se llevarán a cabo los alegatos de clausura y el Tribunal dictará el fallo correspondiente.
En la audiencia, los testigos mencionaron los contratos firmados con Double Click, SA de CV, Grip Forum, arte, diseño y cinematografía, SA de CV, así como con Gilberto Solís Mendívil.
Estos contratos llevaron a la emisión de un crédito fiscal debido a la falta de justificación y comprobación de las operaciones, así como la falta de evidencia de los trabajos de campaña realizados.
El monto del crédito fiscal asciende a 115 millones 955 mil 695 pesos, sumándose al monto pagado por los contratos, que es de 126 millones 537 mil 598 pesos, lo que resulta en un daño total al erario público de 246 millones de pesos.
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