02 de Julio del 2024
La diputada Sharon Macotela presentó ante el Congreso de Hidalgo, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan párrafo segundo y tercero al artículo 139 Bis del Código Penal para el estado de Hidalgo correspondiente al delito de feminicidio.
La legisladora expuso que no se puede permitir que se registren más muertes de mujeres, ni que se sigan normalizando, por ello, la iniciativa dicta que además de las sanciones correspondientes, se añade que el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter familiar y sucesorio.
Asimismo, se adiciona que la pena se agravará hasta un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad o adulta mayor; indígena o afrodescendiente; persona con discapacidad; o estuviere embarazada; así como cuando el sujeto activo sea persona servidora pública y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.
En el mismo sentido, la diputada refirió que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado diversos acuerdos y tratados internacionales que constriñen a respetar y velar por la integridad y seguridad de las mujeres para evitar la violencia de género y toda forma de discriminación.
Un ejemplo, es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su artículo 3 determina que los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
En este sentido, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) ha adoptado como definición de feminicidio: “la muerte violenta de mujeres por razones de género ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por actos de acción u omisión”.
Por otra parte, en México, el feminicidio se encuentra tipificado a nivel federal desde 2012, y el reconocimiento de las violencias contra las mujeres por medio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha coadyuvado a visualizar e implementar mecanismos de acción, a fin de atender esta problemática.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formula, en la Recomendación General 40/2019 sobre la Violencia feminicida y el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, diversas recomendaciones generales a instituciones y autoridades, entre las que en este aspecto concierne, es la dirigida a los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas, señalando que:
1. Asignar recursos a las dependencias de la administración pública local encargadas de la prevención, atención e investigación de la violencia contra las mujeres, con el objetivo de que dejen depender únicamente de recursos federales.
2. Analizar y reformar las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre violencia y los códigos penales con el objetivo de armonizarlos con los más altos estándares de derechos humanos dictados en la materia y de garantizar que todas las mexicanas en el territorio nacional tengan la misma certeza jurídica.
También, expuso que de acuerdo con datos derivados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI-ENVIPE, 2023) se estima que el 21.6 por ciento de los hogares en el Estado de Hidalgo, tuvo al menos una víctima de delito durante el 2022; es decir, 199 mil 951 hogares que resultaron víctimas, de un total de 925 mil 302 hogares estimados.
En Hidalgo el 87.5 por ciento de delitos cometidos (no sólo los referidos a violencia de género) no fueron denunciados o no se inició una carpeta de investigación porque las víctimas tienen miedo a que la extorsionen, consideran que es pérdida de tiempo, los trámites son largos y difíciles y desconfían de la autoridad por si actitud hostil.
Cabe referir que la INEGI-ENSU, del primer trimestre de este 2024, establece que la percepción social sobre inseguridad en la ciudad de Pachuca de Soto, creció 15 por ciento puntos más que, en comparación con el mes de diciembre de 2023, que tenía un porcentaje del 38.7 por ciento, contra el mes de marzo de 2024, que presenta un 53.7 por ciento.
