09 de Julio del 2024
PACHUCA. – Carlos César Pérez Escamilla, alcalde electo de San Felipe Orizatlán, inició un juicio para la protección de los derechos políticos-electorales, ya que actualmente se encuentra inhabilitado para ejercer el servicio público derivado de una resolución que le emitió la Contraloría.
Previo a las elecciones del 2 de junio que lo beneficiaron como presidente municipal, Pérez Escamilla laboró en la alcaldía, pero como regidor, cargo que comenzó a partir del 15 de diciembre de 2020.
Sin embargo, durante el año 2023 abandonó sus funciones de asambleísta, además no presentó su declaración de situación patrimonial, la cual estaba obligada por ser un servidor público.
Por estas omisiones, el 1 de agosto de 2023, la Contraloría Municipal de San Felipe Orizatlán determinó que Pérez Escamilla incurrió en una falta administrativa, según consta en el expediente PRA/001/2023.
Esta situación, a su vez derivó en una sanción que impuso la Secretaría de Contraloría de Hidalgo consistente en la inhabilitación de 30 meses para no ejercer como servidor público.
Inconforme con dicha resolución, el pasado 19 de junio de 2024 Pérez Escamilla presentó su medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEH).
En su escrito argumentó que nunca fue notificado del inicio ni de la sustanciación del procedimiento en su contra, y que esto a su vez, no le dio posibilidades de defenderse, aportar pruebas o alegar lo que a su derecho conviniera.
También argumentó que la inhabilitación fue inscrita en la plataforma de la Contraloría estatal cinco días antes de la jornada electoral del 2 de junio.
El asunto se turnó a la magistrada Lilibeth García Martínez; sin embargo, al momento de analizar la competencia, el Tribunal se pronunció incompetente para conocer el asunto.
El TEEH argumentó que los actos que el alcalde electo pretendía controvertir, se tratan de actuaciones fuera del contexto en materia electoral y, por el contrario, correspondía a responsabilidades administrativas.
Por ese motivo el Tribunal de Hidalgo se declaró incompetente e instruyó enviar copias certificadas de su resolución al Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo para que dentro del ámbito de sus atribuciones determine lo conducente.
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