31 de Julio del 2024
Cuando un funcionario de Hidalgo comete una falta administrativa grave, puede ser inhabilitado de ejercer el servicio público por hasta 20 años, informó Salvador Domingo Franco Assad, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Poder Judicial del Estado (PJEH).
El TJA dirime las controversias en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades. El ingreso de asuntos es variable, pero existen días en los que se llegan a recibir hasta 10 o 12 casos, explicó el magistrado en entrevista con Plétora Lex.
De acuerdo con Franco Assad, de 2022 a 2023 los asuntos incrementaron un 22 por ciento, mientras que la emisión de sentencias aumentó casi a la par con un 19 por ciento para evitar desfases.
Sin embargo, atribuyó el repunte a casos de índole de responsabilidades administrativas relacionados con corrupción, tal como en la ‘Estafa Siniestra’, un esquema de desvío de recursos públicos donde participaron dependencias estatales, municipios y empresas fachada.
Independientemente de los asuntos que se llevan por la vía penal, el magistrado expuso que también se desarrollan los procedimientos administrativos en el TJA.
Sin embargo, precisó que el Tribunal únicamente resuelve para efectos de inhabilitación de los servidores públicos, además del resarcimiento del daño. Ejemplificó que el TJA emitió una inhabilitación de 15 años, pero dijo que la persona involucrada se inconformó con la decisión y recurrió a segunda instancia.
Por ello, serán los magistrados quienes analizarán el asunto para confirmar, o no, la resolución que en su momento dictó una de las salas de primera instancia. Hasta que el asunto no quede firme, se podrían dar más detalles, indicó.
En Hidalgo, la inhabilitación alcanza hasta los 20 años. Las faltas graves están previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; no obstante, Franco Assad recordó que en agosto del año pasado entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
Además, puntualizó que se impulsa una plataforma para dar a conocer a las personas inhabilitadas para que la resolución tenga efectos en todo el país, ya que actualmente solo existe un catálogo estatal.
La Ley de Hidalgo tiene por objeto determinar las competencias de las autoridades estatales y municipales, en materia de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, sus obligaciones o sanciones aplicables por acciones u omisiones en los que incurran.
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