Motín de adolescentes en Pachuca y derechos humanos

Corrían las diez de la mañana del 12 de diciembre de 2012, cuando más de 50 menores infractores se amotinaban en el Centro de Internamiento para Adolescentes en Pachuca, bajo la consigna de exigir el respeto de sus derechos humanos y pudieran cesar los golpes, vejaciones y maltratos que les eran infringidos dentro de dicho centro.

Las imágenes de estos adolescentes refugiados en la azotea del Centro de Internamiento se fueron difundiendo y en pocos minutos con el ingreso de la policía los menores eran sometidos, sin que siquiera se pudiera haber escuchado el origen y motivo de sus protestas.

En menos de una hora, el primer comunicado por parte del aquel entonces secretario de Seguridad Pública, era: “fueron al menos 30 internos los que participaron en este motín, por lo que a la brevedad serán trasladados al CERESO para que continúen con su castigo.”

Imagínense, lejos de ser escuchadas sus consignas para saber si tenían razón o no, la recompensa que recibían era ser trasladados al Centro de Reinserción Social para Adultos, y lo peor, que ahí, por palabras del servidor público: continuarían con su “castigo,” lo que en un par de horas ocurrió violentando los derechos humanos de los menores infractores, pasando por alto la legislación aplicable de que debían de permanecer en centros de detención diversos a los de adultos.

Por la tarde – noche, se empezaba a ver el peregrinar de las madres de los adolescentes, quienes no sabían hasta ese momento cómo se encontraban sus hijos, y menos aún sabían qué podían hacer, pues al acudir al Juzgado de Adolescentes, la única respuesta que recibían era que el traslado había sido una orden del secretario y que no se podía hacer nada, otras se habían trasladado a la Comisión de Derechos Humanos, sin ser atendidas, pasando toda la noche en las banquetas de la avenida Juárez esperando ser escuchadas, y algunas más habían permanecido durmiendo afuera del CERESO, con la esperanza de que les permitieran ver a sus hijos.

Por fin el 14 de diciembre pudieron ingresar y verlos cinco minutos. Recordarán que el motivo del motín era pedir la mejora en el trato, pues ¿Qué creen? Que no sólo habían sido trasladados al CERESO, sino que los tenían en un cuarto de 4x5 metros, que carecía de luz eléctrica, de algún mueble, donde no sólo estaban durmiendo en el suelo, sino encerrados, sin ventanas, lo único que había era una taza del baño, que usaban en el mismo lugar donde comían los alimentos – que hasta ese momento les llevaban sólo una vez al día-.

Encerrados, sin poder salir, sin poder bañarse… sin tener ningún tipo de contacto con el exterior, ¡vaya! Que las palabras de ser castigados se estaban cumpliendo.

Y bueno, nuestra contribución fue pequeña, acercarnos a ese grupo de madres que permanecían afuera del CERESO, sin que hasta ese momento pudieran tener la certeza de qué manera poder hacer que sus hijos no estuvieran bajo esas condiciones.

Mi sugerencia fue obvia y sencilla: tenemos que promover un amparo contra el hacinamiento, tratos crueles, denigrantes y tortura; así que además de lo anterior, no sólo pedimos la suspensión de los anteriores actos, sino que solicitamos a la autoridad federal que hiciera ingresar a la actuaria federal, para que verificara las condiciones en las que se encontraban los adolescentes.

¿Cuál fue el actuar del Poder Judicial Federal? En menos de dos horas, no sólo ya había sido radicada la demanda, sino que además ya estaba la actuaria en el CERESO; verificando las condiciones en las que se encontraban los menores.

Recuerdo perfectamente que, al salir del CERESO, la servidora pública federal, me pidió permiso de pasar al baño, tenía náuseas y vómito al advertir las condiciones en las que tenían a los menores, donde literal tenían que estar tirados sobre el suelo, para siquiera poder respirar. Basta decir que, en la razón actuarial, asentaba que no sólo el retrete estaba dentro del cuarto donde los tenían, sino que ni siquiera contaban con agua para poder bajarle.

Asentadas las condiciones en las que se encontraba el juez federal, inmediatamente emitió un acuerdo donde ordenaba a las autoridades responsables para que de manera inmediata cesaran las condiciones en las que se encontraban los menores y fueran trasladados a un lugar donde se garantizara las condiciones básicas para subsistir.

La historia fue más larga, no terminaré de contarla aquí, pero les puedo asegurar que ese día, las 23 mamás de los menores pudieron dormir un poco tranquilas al saber de la existencia de un Poder Judicial Federal que les había brindado el amparo y protección federal a sus hijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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