La Reforma al Poder Judicial avanzó en el Senado de la República y sigue siendo un debate sobre el sistema judicial mexicano. Ayer, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández, presentó una contra propuesta, pero ¿qué plantea este documento?
La propuesta se estructura en dos grandes apartados, abarcando tanto aspectos institucionales como temáticas relacionadas con los derechos humanos y el acceso a la justicia. A continuación, te detallamos los puntos clave.
Aspectos institucionales y de contexto para una Reforma Integral
Este apartado está dividido en cinco ejes fundamentales que buscan fortalecer la estructura judicial y mejorar su eficiencia:
- Seguridad Pública: Propone una estrategia de seguridad integral que vaya más allá de enfoques punitivos, fortaleciendo instituciones civiles y frenando la militarización del país. Además, plantea mejorar la transparencia de los datos sobre violencia y enfrentar el tráfico de armas.
- Justicia Penal: Se busca una redistribución de recursos entre los poderes judiciales locales y federales, enfocados en combatir la impunidad. Se propone la priorización de investigaciones y la mejora de las fiscalías para hacer más eficiente el sistema penal.
- Poderes Judiciales Locales: Subraya la necesidad de fortalecer los poderes judiciales estatales con más recursos, jueces y mecanismos efectivos contra la corrupción y el nepotismo.
- Ética y Legitimidad Institucional: Plantea la homologación de la carrera judicial en el ámbito local y federal, promoviendo una justicia más humana y centrada en las personas.
- Corrupción y Nepotismo: Se proponen soluciones concretas para simplificar los procedimientos administrativos y transparentar las investigaciones, asegurando una mayor rendición de cuentas en el Poder Judicial.
Acceso a la Justicia y Derechos Humanos
En esta sección, la propuesta aborda temas críticos como la desigualdad y las violencias en México, con un enfoque diferenciado hacia grupos vulnerables. Las propuestas incluyen:
- Acceso a la Justicia frente a la Desigualdad: Se plantean reformas que buscan mejorar la protección de víctimas de violencia, feminicidios, desapariciones y trata de personas. Además, se sugiere la eliminación de figuras jurídicas como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
- Eficiencia en los Procesos Judiciales: Se señalan deficiencias en el proceso penal que afectan tanto a víctimas como a acusados, proponiendo la capacitación de las fiscalías, la estandarización de instrumentos de investigación y el fortalecimiento de las defensorías públicas.
- Sistema Penitenciario y Ejecución Penal: Se reconoce la situación precaria en las cárceles del país, sugiriendo mejoras en la atención a grupos vulnerables y la capacitación del personal penitenciario en derechos humanos.
- Defensa Pública Integral: Se plantea la creación de una Ley General de Defensorías Públicas, con autonomía financiera y funcional, para garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.
Con esta contra propuesta, Norma Lucía Piña Hernández busca un enfoque integral que permita no solo reformar el Poder Judicial, sino también mejorar el acceso a la justicia, combatir la corrupción y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos. El debate sobre esta reforma continúa, y su impacto en el sistema judicial será crucial para el futuro de la justicia en México.
Diego Sosa Tang
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