12 de Septiembre del 2024
Comentaba hace algunas semanas con un colega, al acudir al Centro de Justicia Federal de San Lázaro, después de ser atendidos de una manera más que profesional por parte de los funcionarios, que el Poder Judicial de la Federación era una de las instituciones (así como las Fuerzas Armadas) que más me enorgullecen como mexicano.
Inmediatamente me remonté a mis comienzos como estudiante de Derecho y recuerdo muy bien que durante el desarrollo de mi carrera profesional tuve compañeros y conocidos que iniciaron también (como muchos lo hicimos) la búsqueda para ingresar a algún juzgado a “trabajar” sin percibir emolumento alguno, como meritorios. Pasado el tiempo, esos compañeros y conocidos fueron escalando de acuerdo a la carrera judicial y el correspondiente escalafón, así como su servidor, poco a poco, algunos en el fuero federal y otros como yo en el fuero común.
Hoy, con mucho beneplácito, veo que esos compañeros y conocidos son actuarios, secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta, jueces, magistrados; lo anterior, viene a colación porque en los últimos días se discute en la vida política y social de nuestro país la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo Federal en fecha 5 de febrero del año 2024 a la Cámara de Diputados, iniciativa que pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial.
Derivado de lo antes mencionado, me parece importante señalar que como abogado postulante desde luego que encuentro bastantes áreas de oportunidad para mejor la impartición de justicia, específicamente en el Poder Judicial de la Federación; sin embargo, al leer la iniciativa (aprobada), escuchar y leer las opiniones de políticos, académicos, abogados postulantes y de integrantes de la familia judicial, me surgen muchos cuestionamientos (seguramente habrá una infinidad más de ellos) que pondré a consideración de los amables lectores de la Revista Plétora Lex:
¿En verdad todos los jueces, magistrados y ministros son corruptos? Y si lo son, ¿por qué no son denunciados?, ¿en verdad someter a una elección popular la designación de jueces, magistrados y ministros nos garantizará que lleguen los realmente capacitados para el encargo?, ¿el proceso de elección popular garantizará que la delincuencia organizada no postule y apoye aspirantes?
Todas estas preguntas, muy aprecia dos lectores, y las que surjan en la mente de todos y todas ustedes, sin duda que nos hablan de una total falta de socialización y de información por parte de quien debería proporcionarla a la sociedad; sin embargo, hasta el momento en que se redactan esta líneas, no he visto ni escuchado ningún argumento que me parezca sólido para sostener que la elección popular de jueces, magistrados o ministros resuelva los problemas en el sistema de justicia.
Me parece importante mencionar, también deducido de la experiencia propia, que desde hace muchos años en el ejercicio diario de mi profesión como funcionario en ambos entes, ha existido esa infundada y además estéril pelea, por decirlo de alguna manera, entre las procuradurías y el Poder Judicial, lo cual me parece que debe analizarse con detenimiento porque la gran mayoría de la sociedad que no necesaria mente tiene conocimientos jurídicos, me parece que actualmente sólo tiene idea de una narrativa (la oficial que se dicta desde la plaza de la Constitución en la Ciudad de México) y se centran en sostener que todos los problemas y deficiencias del sistema de justicia federal se deben, precisamente a la acción u omisión de los jueces, magistrados o ministros, situación que desde luego no es así porque en términos de lo que dispone el numeral 21 de nuestra Carta Magna, el Ministerio Público, es decir, las procuradurías, fiscalías y la Fiscalía General de la República (FGR), tienen el monopolio de la investigación, es decir, gran parte de los asuntos que están mal integrados por la representación social (ministerios públicos) no llegan a una sentencia condenatoria y, por consecuencia, las víctimas no son reparadas en cuanto al daño sufrido, y claro, en una narrativa por demás ramplona, lo más sencillo es culpar a los jueces, magistrados y ministros.
Lo anterior, desde luego que no trata de ninguna manera de convertirse en una defensa férrea del Poder Judicial en este caso de la Fede ración, más bien, lo que intento plasmar es la idea de que se necesita una profunda reestructuración de nuestro sistema de justicia, empezando desde el Ministerio Público que, insisto y de acuerdo con mi experiencia, es ahí donde mayormente, por una deficiente investigación, los casos no llegan a un feliz término para las víctimas.
En su lugar, actualmente muchísimos asuntos se ventilan o litigan mediática mente y es como, con la presión social, muchos asuntos indebidamente se tratan de resolver. Imagínese usted muy querido lector, a muchos de nuestros legisladores les parece buena la idea de seguir ampliando la ya de por si extensa lista de delitos que ameritan la medida cautelar de prisión preventiva de oficio, es muy importante que la sociedad sepa y asimile que no necesariamente teniendo a un imputado privado de su libertad es que se hará justicia en los casos particulares.
En fin, este texto podría ser mucho más extenso y desde luego discutible, la realidad es que en un país tan diverso como el nuestro caben todas la opiniones, sólo aterrizar la idea de que no estoy tan seguro de que el camino que se estáto mando para reformar al Poder Judicial de la Federación sea la solución a los problemas de nuestro sistema de justicia, pero eso sólo el tiempo nos lo dirá, espero estar equivocado en mi percepción.
Por último, pero no menos importan te, quiero agradecer infinitamente la distinción que me hace la Revista Plétora Lex a través de su directora, Verónica Ángeles Cilia, para escribir esta colaboración, desde luego a título estrictamente personal, nos leemos la próxima.
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Alain Souverbille García
Abogado postulante y titular del despacho jurídico Souverbille & Flores Abogados. Es egresado del Centro Hidalguense de Estudios Superiores (Cenhies) como licen ciado en Derecho; maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Juicios Orales por la Escuela Libre de Educación Superior Universitaria del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; maestro en Derecho Procesal Civil y Mercantil por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell; doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Fue funcionario en diversos juzgados del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, funcionario en la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, fue coordinador de Asesores en la Subprocuraduría de Con trol Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR).
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