19 de Septiembre del 2024
El diputado Miguel Ángel Moreno Zamora, representante del grupo parlamentario de Morena, subrayó la importancia de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, esencial para su desarrollo social y la formación de la identidad de las personas. En este contexto, es crucial garantizar que estos núcleos familiares se encuentren en un entorno seguro.
La falta de un ambiente sano y libre de violencia puede conducir a serias consecuencias para las víctimas, incluyendo crisis emocionales, discapacidad e incluso la muerte. Además, se pueden observar daños emocionales como baja autoestima, dificultades en el desarrollo personal, problemas de comunicación y un bajo rendimiento escolar, especialmente en la infancia.
Moreno Zamora destacó que, desde 2023, Hidalgo ha registrado 284 mil 203 casos de violencia familiar, ocupando el tercer lugar en el país. Hasta julio de 2024, se han reportado 4 mil 230 incidentes de este tipo.
El legislador también enfatizó que estos delitos no solo afectan a mujeres, niñas, niños y adolescentes, sino que también impactan a personas adultas mayores, quienes pueden ser abandonadas o agredidas por familiares cercanos, así como a aquellas personas con discapacidad que no pueden defenderse.
La iniciativa busca asegurar entornos familiares seguros mediante la modificación del Código Penal, así como mejorar la atención y sanción de estos delitos en el estado de Hidalgo. Se propone además fortalecer las acciones de prevención y atención integrando un subsistema que involucre a la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Hidalguense de la Mujer y el Instituto para la Atención del Adulto Mayor.
En cuanto al rol de los municipios en la atención de este delito, se sugieren las siguientes obligaciones:
- Capacitar a los servidores públicos que atienden a las víctimas y agresores de violencia.
- Realizar campañas de concientización dirigidas a la sociedad sobre la violencia familiar.
- Impulsar reformas a la normativa municipal que faciliten la atención y sanción de la violencia familiar.
En el marco normativo, se propone reformar el delito de violencia familiar para incrementar la pena de 2 a 7 años de prisión. También se establecerá como agravante cuando la agresión se dirija a mujeres embarazadas, personas adultas mayores o personas con discapacidad.
“El juez establecerá la prohibición para el agresor de residir en un lugar específico o, en caso de compartir residencia con la víctima, se ordenará su separación para evitar mayor violencia hacia ella y sus convivientes”, concluyó.
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