24 de Septiembre del 2024
La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República aprobó con 13 votos a favor y 3 en contra la reforma que incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este dictamen ha generado un fuerte debate sobre la militarización de la seguridad pública en México, dividiendo a legisladores.
Ernestina Godoy Ramos, defensora del dictamen, argumentó que la reforma responde a los desafíos actuales de seguridad pública. Según Godoy, la medida fortalecerá la capacidad del Estado para controlar el territorio y ofrecer mayor disciplina y eficiencia en la lucha contra el crimen. "Se busca enfrentar la debilidad institucional de las fuerzas de seguridad civiles y crear una fuerza con alcance nacional", destacó.
Además, subrayó que tanto la Guardia Nacional como el Ejército mexicano cuentan con altos niveles de confianza por parte de la ciudadanía y bajos índices de corrupción.
Por otro lado, Colosio calificó la propuesta como "el clavo final en el ataúd para la seguridad en México", argumentando que el Ejército no debería involucrarse en tareas de delincuencia común, y advirtió sobre las posibles consecuencias de desplazar a las policías locales. Anaya, por su parte, afirmó que la violencia homicida no ha disminuido y señaló que la reforma constituye una clara militarización de la seguridad pública.
Alejandro González Yáñez, defensor de la reforma, presentó datos que reflejan la confianza de la ciudadanía en las Fuerzas Armadas: la Marina con un 90.1%, la Sedena con un 87.2% y la Guardia Nacional con un 80.8%, en contraste con las policías estatales y municipales, que registran niveles de confianza mucho menores, del 58.4% y 55.2%, respectivamente. "No se está militarizando el país", aseguró, argumentando que la verdadera militarización implicaría una represión brutal, como la sufrida en eventos históricos como el movimiento estudiantil de 1968 o el caso de Ayotzinapa.
En medio del debate, Andrea Chávez, senadora de Morena, acusó a la oposición de hipocresía, recordando que en momentos críticos, como en Sinaloa, los mismos gobernadores han solicitado apoyo militar y de la Guardia Nacional para hacer frente a grupos del crimen organizado.
Tras un intenso intercambio de posturas, la comisión aprobó el dictamen en lo general y en lo particular. El siguiente paso será su discusión en el Pleno del Senado, donde se espera un nuevo debate sobre los alcances y consecuencias de esta reforma, que marcaría un antes y un después en la estrategia de seguridad pública del país.
