24 de Septiembre del 2024
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con una mayoría de 353 votos a favor, 126 en contra y ninguna abstención el dictamen que reforma la Constitución para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este proyecto busca fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública bajo el mando de las Fuerzas Armadas.
El documento establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública profesional y permanente, integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Sedena. Entre las modificaciones aprobadas se destacan cambios en varios artículos constitucionales que permiten la participación del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública bajo regulación del Congreso.
El dictamen, que deriva de una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero, también otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes que regulen la actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Además, faculta al Senado para ratificar los nombramientos de los altos mandos de la Guardia Nacional.
En la sesión, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en funciones de presidente de la Mesa directiva, destacó que la propuesta busca que la Guardia Nacional opere bajo el control de la Sedena, garantizando así una mayor profesionalización en su tarea de preservar la seguridad pública.
Durante la discusión en lo particular, se presentaron diversas propuestas de modificación, de las cuales solo una fue aprobada: la eliminación de los términos “de origen” y “marino” del artículo 21, propuesta por la diputada Merary Villegas Sánchez (Morena). Esto deja establecido que la Guardia Nacional estará compuesta únicamente por personal militar con formación policial.
La oposición, representada por legisladores como Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) y Gibrán Ramírez Reyes (MC), expresó su desacuerdo, argumentando que el dictamen viola principios internacionales sobre la participación militar en seguridad pública. A pesar de ello, tres mociones suspensivas fueron rechazadas.
El proyecto otorga un plazo de 180 días para que el Congreso armonice el marco jurídico, mientras tanto, la Guardia Nacional seguirá operando bajo las disposiciones actuales. Se prevé que la organización pase gradualmente al control de la Sedena, y que el personal de la extinta Policía Federal sea reubicado en la Secretaría de Seguridad Pública.
El dictamen ahora se encuentra en manos del Senado para su análisis y eventual aprobación, lo que representaría un cambio sustancial en la estructura y mando de la Guardia Nacional dentro del esquema de seguridad pública en México.
