26 de Septiembre del 2024
PACHUCA. – Por los hechos registrados el 23 de septiembre en las inmediaciones de la Cooperativa Cruz Azul en Tula de Allende, cuatro personas fueron presentadas en los Juzgados Penales y de estos, dos permanecerán en prisión preventiva justificada en la penitenciaría de la región.
De acuerdo con Ángel Fernández Hasbun, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), fueron 119 los detenidos, de los cuales 115 aún no tienen cargos, mientras que a los cuatro restantes se les formuló imputación en audiencia inicial que se llevó a cabo este 26 de septiembre.
En la causa 629/2024 el Ministerio Público acusó a Luis N y Sabrina N por portación de arma y cargadores de uso exclusivo del Ejército; así como por narcomenudeo en su hipótesis de posesión simple, este último señalamiento también fue en contra de Carlos N y César N, según se deprende del asunto 630/2024.
Los implicados de la causa 630/2024 ya fueron vinculados a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Mientras que a los otros dos individuos solicitaron acogerse al término constitucional de 144 horas.
Respecto a las personas restantes, Fernández Hasbun detalló que había mujeres embarazadas y 17 menores de edad que están en libertad, pero que están identificados dentro de tres investigaciones que se dividieron en grupos de 54,46 y 9 personas.
El encargado de la Procuraduría indicó que esto no implica que están libres de responsabilidad, sino que las investigaciones continúan, así es que tendrán que atender los requerimientos de la PGJEH; de lo contrario, se les giraría una orden de aprehensión.
Los 17 menores de edad fueron entregados a una red familiar, pero están relacionados en las carpetas. La persona más pequeña de este grupo tiene 14 años.
Respecto a la libertad, el artículo 140 del Código Nacional de Procedimiento Penales (CNPP) establece que “en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección”.