02 de Octubre del 2024
El 26 de septiembre, Juan Sánchez Trejo, delegado municipal de Villa Juárez, presentó una demanda contra el Ayuntamiento debido a un intento de la Asamblea Municipal de destituirlo de su cargo, el cual le fue conferido el 28 de agosto mediante elección por usos y costumbres en asamblea general comunitaria.
En el oficio AMNF/001/2024, entregado a Sánchez Trejo el 11 de septiembre, se menciona que un grupo de ciudadanos de la comunidad expresó su inconformidad por la convocatoria de la asamblea para nombrar al delegado en un día miércoles, en lugar de domingo. Sin embargo, Sánchez Trejo argumenta que esta decisión se tomó para evitar que personas ajenas a la comunidad, que suelen actuar por instrucciones del cacique local, Nicolás González Elizalde, interfirieran en el proceso.
En respuesta al oficio mencionado, el delegado municipal compareció ante la Asamblea Municipal el 18 de septiembre, donde presentó un escrito en el que apela al marco jurídico nacional y a tratados internacionales en materia de derechos humanos colectivos indígenas. En su solicitud, pide que se reconozca la validez de la asamblea comunitaria del 28 de agosto, en la que fue electo como delegado para el periodo 2024-2025, tal como se evidencia en el acta constitutiva y en el nombramiento entregado por las autoridades municipales el 14 de septiembre.
No obstante, el 20 de septiembre, la Asamblea Municipal decidió de manera unánime desconocer a Sánchez Trejo durante una sesión extraordinaria y convocó a una nueva reunión para el 6 de octubre, donde se ratificará su cargo o se nombrará a otra persona.
Frente a este atropello a los derechos de la comunidad ñähñu/otomí de Villa Juárez en cuanto a su autodeterminación y autonomía, Sánchez Trejo, en su calidad de autoridad civil, comunitaria y tradicional, solicitó asesoría de la Defensoría Pública Electoral (DPE) del TEPJF y promovió el juicio ciudadano, registrado bajo el número de expediente TEEH-JDC-383/2024. En su demanda, la DPE sostiene que el Ayuntamiento de Nicolás Flores carece de competencia para resolver la controversia y argumenta que el Artículo 80 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo es inconstitucional y contraviene el Convenio 169 de la OIT.
Sánchez Trejo externó confiar en que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) emitirá un fallo favorable para la comunidad indígena desde una perspectiva intercultural. Advierte, además, que de no ser así, procederá a impugnar la decisión ante la Sala Regional.
