17 de Octubre del 2024
El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, con el objetivo de cambiar la naturaleza jurídica de las empresas estatales en materia energética. La reforma busca garantizar el suministro de electricidad y servicios de Internet a precios accesibles para la población.
El dictamen fue aprobado en lo general con 86 votos a favor, provenientes de los senadores de Morena, PVEM, PT, y uno de Miguel Ángel Yunes Márquez del PAN. Hubo 39 votos en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como una abstención de la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano.
En lo particular, se presentaron reservas por parte de legisladores del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano para modificar los tres artículos, pero ninguna fue aceptada. Finalmente, los artículos se aprobaron en sus términos con 86 votos a favor y 39 en contra.
La reforma alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación y ha sido enviada a las legislaturas estatales para su análisis y eventual ratificación.
La reforma elimina el concepto de "empresas productivas del Estado", el cual fue introducido en reformas anteriores por recomendación de organismos financieros internacionales, lo que según el dictamen había desvirtuado la función del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, priorizando el beneficio económico. Este concepto es sustituido por el de "empresas públicas del Estado", devolviendo a Pemex y la CFE su carácter de entidades públicas con una responsabilidad social.
El texto también establece que las leyes definirán cómo los actores privados podrán participar en la industria eléctrica, pero aclara que, en ningún caso, estas actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública, cuyo objetivo principal es asegurar el acceso continuo y asequible de electricidad para toda la población.
Además, la reforma especifica que no se considerarán monopolios las funciones que el Estado desempeñe exclusivamente en sectores estratégicos, como el suministro de Internet y la planificación y control del sistema eléctrico nacional.
Laura Itzel Castillo Juárez (Morena) afirmó que esta reforma representa un paso firme hacia la recuperación de la soberanía energética del país, revirtiendo los efectos de la reforma energética de 2013, la cual calificó como un intento de "desmantelar" a Pemex y la CFE para entregarlas a intereses privados.
Imelda Sanmiguel Sánchez (PAN) consideró que la reforma es una regresión, ya que transfiere a los ciudadanos el costo del déficit con el que operan Pemex y la CFE, comprometiendo el futuro de las generaciones venideras bajo el pretexto de la soberanía energética.
Mely Romero Celis (PRI) advirtió que Pemex y la CFE no tienen la capacidad de generar los recursos necesarios para sostenerse sin la participación privada, y que la reforma simplemente "subsidia la ineficiencia", disfrazada de progreso.
Virgilio Mendoza Amezcua (PVEM) destacó que la reforma energética de 2013 debilitó y endeudó al sector energético. Aseguró que esta nueva enmienda corregirá esos errores y permitirá aprovechar los recursos de Pemex, la CFE y el litio en beneficio del pueblo mexicano.
Alberto Anaya Gutiérrez (PT) negó que la reforma cierre las puertas a la inversión privada, incluso extranjera, en el sector energético, pero subrayó que el control del Estado sobre la industria eléctrica y petrolera es esencial para evitar su dependencia de privados.
Clemente Castañeda Hoeflich (Movimiento Ciudadano) calificó la reforma de "regresiva, contaminante y obsoleta", señalando que omite la transición hacia energías limpias, un paso necesario para proteger la salud pública y el bienestar de futuras generaciones.
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