23 de Octubre del 2024
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron con 24 votos a favor y 10 en contra, un dictamen que establece la inimpugnabilidad de las reformas a la Constitución Federal. Este dictamen ha generado opiniones encontradas entre quienes consideran que refuerza la estabilidad institucional y quienes temen un retroceso en materia de derechos.
El proyecto propone reformar los artículos 105 y 107 de la Constitución Política, de modo que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad no puedan utilizarse para impugnar las reformas a la Carta Magna. En esencia, se busca que las modificaciones constitucionales sean definitivas y no sujetas a debate judicial, un tema que divide a los distintos sectores políticos.
El senador Javier Corral Jurado de Morena, defendió la iniciativa argumentando que la reforma asegura un marco jurídico sólido y evita que los jueces se extralimiten en sus funciones. Sin embargo, también reconoció que la tensión entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial es evidente, aunque descartó que la propuesta sea parte de una confrontación directa entre ambos poderes.
Por su parte, Andrea Chávez Treviño, también de Morena, explicó que la Ley de Amparo ya establece que no procede el juicio de amparo contra reformas a la Constitución, destacando que no hay margen para interpretaciones que contradigan este principio.
La oposición, sin embargo, expresó su preocupación sobre el impacto de esta reforma en el equilibrio de poderes. Marko Cortés Mendoza de Acción Nacional, criticó el dictamen señalando que podría reducir el espacio para la defensa de los derechos humanos y argumentó que "limitar el acceso a la justicia en casos de reformas constitucionales es un paso regresivo". Para Cortés, esta medida parece un enfrentamiento directo con el Poder Judicial.
Desde el PRI, Pablo Angulo Briceño sostuvo que la reforma busca concentrar el poder y evitar la revisión judicial de posibles abusos. Según Angulo, se pretende "blindar al poder legislativo de cualquier tipo de control constitucional", lo cual afectaría la transparencia y la rendición de cuentas.
En contraste, Juanita Guerra Mena del PVEM, apoyó el dictamen argumentando que refuerza la certeza en las reformas constitucionales y asegura que las controversias no puedan frenar el desarrollo institucional del país. Para Guerra, esta medida es necesaria para evitar vacíos legales que puedan ser aprovechados por otros poderes.
CONGRESO DE LA UNIÓN POSPONE DISCUSIÓN
Aunque la minuta ya fue aprobada por el Senado, el Congreso de la Unión retomará el tema la siguiente semana, entre martes o miércoles, según dio a conocer el diputado Ricardo Monreal Ávila, quien agregó que el Senado solo debería aprobar lo relativo a los artículos 104 y 107 de la Constitución, donde se reafirme la supremacía constitucional.
"(...) Mi sugerencia respetuosa a las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Senadores, que son Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, es que solo se apruebe lo relativo a los artículos 104 y 107 de la Constitución, que es reafirmar la supremacía constitucional y erigir al órgano reformador como un órgano que no admite recurso alguno, como está actualmente en la Constitución; simplemente reafirmar el sentido constitucional de la misma".
RESPUESTA A CLAUDIA SHEINBAUM
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo en conferencia que solo se adicionaría lo de la Ley de Amparo en su artículo 61, inciso I; ante ello, el diputado Monreal mencionó que en un principio el proyecto original incluía solo los artículos 104 y 107, por lo que, respecto a lo señalado por Sheinbaum, respondió: "No lo sé".
AMNISTÍA INTERNACIONAL
A través de su cuenta de X, la ONG Amnistía Internacional señaló como un riesgo la reforma que “busca eliminar el control de convencionalidad”, una herramienta para garantizar que las leyes respeten los tratados internacionales e interamericanos.
De acuerdo con su posicionamiento, destacan que, de aprobarse, se contravendrían disposiciones internacionales y se pondrían en riesgo los derechos humanos en el país: "Sin esta protección, los tribunales no podrán defender los derechos humanos reconocidos en todos los tratados internacionales", concluyen.
