29 de Octubre del 2024
Tras una sesión difícil y extensa, fue ratificado con 30 votos a favor y 11 en contra, y remitido a la Mesa Directiva para su programación legislativa, la minuta de reforma que impide impugnar modificación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna, por lo que se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa, quienes sesionarán este próximo miércoles, la cual señalan será una sesión extensa y de mucho debate.
El presidente de la instancia legislativa, diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), informó que en acuerdo con los grupos parlamentarios se resolvió que las reservas se desahogarán en el Pleno de la Cámara de Diputados y que los dos votos particulares recibidos se anexarán al final proyecto del dictamen para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
La adición de un quinto párrafo al artículo 105 precisa que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”. Mientras que la reforma al primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
Por lo tanto, queda de la siguiente manera: “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
DEBATE
Previo al debate, las y los diputados cuestionaron el avance de la reforma, apenas el fin de semana en sesión extraordinario el orden del día fue tema de debate, ya que según la diputada Paulina Rubio del PAN dijo que no se había convocado con tiempo y cuestionó a l grupo parlamentario sobre la premura de aprobar esta iniciativa entiempo récord.
En la primera ronda, la diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) expresó que con la reforma se engaña al pueblo porque se quita a la ciudadanía sus legítimas armas para defenderse del abuso y arbitrariedad de los representantes y elimina la posibilidad de impugnación de reformas constitucionales.
Por Morena, la diputada Mariana Benítez Tiburcio mencionó que la reforma para transformar el sistema de justicia apenas inició con la aprobada el pasado 15 de septiembre, y “esta modificación solo busca dejar de manera clara que no procede ningún recurso de control contra reformas constitucionales.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) aseguró no hay un sustento, solamente venganza contra el Poder Judicial; no hay un razonamiento técnico-jurídico de fondo y las reformas violentan los principios fundamentales que dieron origen a la Constitución de 1917, como es la separación de poderes y evitar la concentración del poder en uno solo.
Por Morena, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes expuso que lo que busca esta reforma es terminar con el activismo judicial; es decir, que los ministros puedan legislar, toda vez que su tarea es jurisdiccional. “Es relevante que se arropen las facultades legislativas, de lo contrario se dañarían los pesos y contrapesos de los Poderes del Estado”.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) señaló que el motivo de la reunión deriva de una reforma para sustituir a los integrantes del Poder Judicial, pero no se trata de un asunto de justicia. Rechazó que los mexicanos vayan a seleccionar a su juzgador, por lo que se debe conocer cuántas boletas se van a manejar y cómo se va a llevar a cabo este procedimiento.
Paulina Rubio Fernández diputada del PAN, consideró que con la reforma se elimina la posibilidad de que la ciudadanía se defienda con amparos ante reformas constitucionales; lo mismo ocurrirá con los gobernadores, pues no podrán llevar a cabo las controversias constitucionales o los partidos políticos o las minorías del Congreso con las acciones de anticonstitucionalidad.
De Morena, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano precisó que la reforma garantiza y consolida certeza jurídica, y que una vez que la voluntad del pueblo ha sido elevada a rango constitucional no podrá ser cuestionada mediante procesos judiciales. No implica una disminución en la protección de sus derechos fundamentales.
La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) cuestionó cómo se garantizará la defensa de los derechos humanos, las garantías y las libertades individuales, así como la protección a la propiedad privada, si se aprueba la reforma.
Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez aseveró que no se están afectando los derechos humanos ni desaparecen los medios de control de constitucionalidad, pues sigue vigente el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad frente a normas generales.
El diputado Carlos Hernández Mirón (Morena) afirmó que la reforma no significa la eliminación judicial sobre leyes generales y es una mentira lo que comentan quienes están en contra del dictamen, y también es falso que se vaya en contra de los derechos de las personas.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) puntualizó que la propuesta es una reacción a las determinaciones de las autoridades judiciales en distintos momentos. No es una reforma sobre supremacía constitucional, sino que busca imponer la supremacía de una mayoría legislativa temporal sobre la Constitución.
Finalmente, el diputado de Morena Julio César Moreno Rivera, reiteró que con la reforma no se eliminan las facultades de la Corte, ni se suprime la figura de juicio de amparo, porque éste seguirá vigente, protege los derechos humanos de la ciudadanía. Lo que se pretende es evitar que los jueces excedan sus facultades al intervenir en decisiones exclusivas de las y los legisladores.
