31 de Octubre del 2024
Durante la segunda etapa del Programa Anual de Auditorías 2024, el Mtro. Valverde Islas informó que quedan pendientes 138 millones 183 mil 778.88 pesos por solventar. Sin embargo, aclaró que esto no necesariamente representa un daño al erario público y que aún cuentan con 20 días hábiles para atender dichas observaciones.
Valverde señaló que se generaron 857 recomendaciones y 537 pliegos de observaciones derivadas de los resultados obtenidos, además de 54 recomendaciones específicas para mejorar el desempeño de las entidades auditadas.
El informe de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo detalla la conclusión de 183 auditorías, clasificadas en 80 Auditorías Financieras, 80 Auditorías de Cumplimiento, 18 Auditorías de Inversiones Físicas y 5 Auditorías al Desempeño.
Se reveló que el monto pendiente de solventar asciende a 138 millones 183 mil 778.88 pesos, resultante de observaciones económicas que deben ser aclaradas por las entidades fiscalizadas. Este importe se distribuye en tres grandes sectores: 43.7 millones corresponden a Entidades del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos; 57.9 millones a Municipios; y 36.5 millones a Organismos Descentralizados Municipales.
En el Sector Paraestatal, destacan las observaciones a la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo (PIBEH) con 16 millones 104 mil 795.70; al Instituto Hidalguense del Deporte con 13 millones 541 mil 656.08; a la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) con 5 millones 672 mil 890.28; al Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete” con un millón 926 mil 140.80; y al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo con un millón 137 mil 770.20.
En cuanto a los municipios, Tula de Allende encabeza la lista con observaciones por 22 millones 379 mil 70.09, seguida de Tulancingo de Bravo con 16 millones 607 mil 267.37, Zapotlán de Juárez con 4 millones 703 mil 707.87, Apan con 4 millones 469 mil 32.55 y Calnali con 3 millones 408 mil 625.50.
Los Organismos Descentralizados Municipales también presentan observaciones importantes. La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo registra un importe pendiente de solventar de 15 millones 211 mil 406.28, mientras que la de Apan muestra 4 millones 919 mil 318.83. El municipio de Zimapán, tiene 3 millones 149 mil 369.27; el municipio de Atotonilco de Tula, 2 millones 867 mil 122.26; y San Agustín Tlaxiaca, 2 millones 388 mil 977.75.
Además de las observaciones económicas, las auditorías al desempeño generaron 54 recomendaciones adicionales: 12 para la Secretaría de Finanzas Públicas, 14 para la Unidad de Planeación y Prospectiva, y el resto para municipios como Huazalingo, Tepehuacán de Guerrero y Actopan.
El esfuerzo de fiscalización ha resultado en la recuperación de 735 mil 26.19 pesos para la Hacienda Pública. Este monto representa reintegros realizados hasta el momento, pero es probable que se incremente a medida que se vayan solventando los pliegos de observaciones pendientes.
Finalmente, el Auditor Superior informó sobre el seguimiento de observaciones de ejercicios fiscales previos, como los de 2019, 2021 y 2022. Se han presentado 12 denuncias por posibles irregularidades en los municipios de Mineral de la Reforma por 9 millones 351 mil 123.57; Tula de Allende por 60 millones 579 mil 460.94; Atitalaquia por 27 millones 412 mil 183.78; Nopala de Villagrán por 71 millones 960 mil 890; Tizayuca por 26 millones 648 mil 951.67; Epazoyucan por 14 millones 215 mil 780; Pisaflores por 30 millones 960 mil 890; Huautla por 26 millones 615 mil 778; Tepeji del río de Ocampo por 40 millones 172 mil 546.05; Singuilucan por 83 millones 297 mil 617.03; y Progreso de Obregón por 5 millones 770 mil 840.76.
De estas, 11 han tenido seguimiento por las autoridades competentes y 1 está en proceso de judicialización.
Los importes pendientes por solventar, contenidos en los informes individuales de auditoría de cada entidad fiscalizada, representan posibles recuperaciones que no necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública del Estado, a los Ayuntamientos o al Patrimonio de las Entidades y están sujetas a aclaraciones y justificaciones correspondientes, ya que las entidades fiscalizadas cuentan con un plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación de su informe individual para presentar la información y documentación necesaria para su solventación.
