04 de Noviembre del 2024
PACHUCA. -El servidor público de la Secretaría de Turismo que recientemente fue vinculado por fraude procesal no será separado del encargo y continuará trabajando en la dependencia estatal.
Así lo informó Elizabeth Quintanar Gómez, titular de la Secretaría en mención, tras ser cuestionada sobre la resolución en contra de Miguel Ángel N, subdirector de Comunicación Social, quien enfrenta un proceso judicial dentro de la causa penal 931/2024.
El Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) acusó al funcionario de alterar un documento con el que intentó acreditar que no había sido responsable de una publicación con contenido electoral que se realizó en marzo de 2023.
La secretaria de Turismo aceptó que el año pasado en el contexto del Día de la Mujer se realizó una publicación partidista en las redes sociales de la dependencia estatal, lo cual consideró “incorrecto” y aunque indicó que con posterioridad fue eliminada, esto propició una serie de procedimientos para determinar quién fue la persona responsable.
El funcionario enfrenta su proceso en libertad y laborando en la Secretaría; sin embargo, Quintanar Gómez reconoció que durante la audiencia inicial una de las partes involucradas solicitó la separación del cargo, pero indicó que la petición fue negada por la jueza de control.
“Continuará trabajando de manera normal, es un director y no podría prescindir del trabajador, el trabajo es mucho, hay que tomar videos, hacer notas, sacar fotografías, hacer diseños, no me podría dar ese lujo al menos que haya incurrido en una falta y que la ley indicara que debe separarse de su cargo, inmediatamente lo haríamos”, concluyó la secretaria de Turismo.
Para este proceso judicial, la jueza de control Karina Vértiz Marín dio un plazo de investigación complementaria de tres meses que concluye en enero de 2025.
La vinculación a proceso en contra del funcionario no implica que es culpable, hasta que no exista una sentencia. El fraude procesal se castiga con hasta siete años de prisión, de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Hidalgo.
