06 de Noviembre del 2024
Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenían la obligación constitucional de entrar al análisis del fondo de la reforma judicial, como pretendía la mayoría; sin embargo, sigue activa la otra vía que consiste en juicios de amparo, aseguraron jueces federales en conferencia de prensa.
El magistrado Juan José Olvera López criticó que la Corte haya terminado el debate con el tema de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y acumulados porque no se alcanzó el mínimo de ocho votos de 11 para declarar la invalidez de las modificaciones y, por consiguiente, no revisar el fondo del proyecto propuesto por Juan Luis Alcántara Carrancá.
Mencionó que en un primer momento se abordó si los partidos políticos estaban legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad y el resultado fue de ocho votos a favor y tres en contra —de las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yazmín Esquivel—.
En un segundo momento, la discusión reinició con el tema de la procedencia, que obtuvo siete a favor y cuatro en contra —el de las tres ministras más el de Alberto Pérez Dayán—; con esto el debate terminó.
No obstante, los jueces mencionaron que en una acción diversa resuelta en febrero el ministro Alberto Pérez se pronunció sobre el fondo, aunque no se actualizaba la procedencia, porque estaba "obligado por la mayoría".
Señalaron que su voto fue el decisorio, pero no se pronunció a favor pese a ser un juzgador de carrera. Lo ocurrido este martes, coincidieron, preocupa por la trascendencia y los alcances de la reforma.
¿QUÉ SIGUE?
Muchos ciudadanos han promovido diversas acciones y juicios de amparo, en los cuales se concedieron suspensiones provisionales y tienen el propósito de anular la reforma, que está vigente "por ahora", explicó el magistrado Olvera.
El juicio de amparo requiere de seis votos para declarar la invalidez, por lo que se entraría a su análisis.
Ayer, la Corte estableció que la reforma tiene contenido electoral, como lo relativo a la votación de los juzgadores, pero también tiene contenido que no corresponde a esa materia, como la destitución masiva de los jueces, magistrados y ministros, explicó.
Los juicios de amparo se ocuparán de aquello que no corresponde a la materia electoral, externó.
En paralelo, se han iniciado acciones internacionales y el 12 de noviembre se realizará un encuentro entre colectivos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó la magistrada Julia Maria del Carmen García González.
Puso como ejemplo que en 2013, en un caso resuelto contra Ecuador, la Corte Interamericana se pronunció contra la destitución de los miembros de un alto tribunal en ese país porque se dio una ruptura en la separación de poderes. Para el caso de México, dijo, se buscaría acreditar la violación de múltiples garantías, toda vez que los ciudadanos tienen derecho a la justicia por un órgano autónomo e independiente.
PLAN D DE SHEINBAUM, UNA AMENAZA
Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que de haber declarado la invalidez de la reforma, su gobierno habría renovado al ministro que concluye su periodo este mes y hubiese presentado una segunda reforma judicial en la que ya no se contemple el haber de retiro para los juzgadores.
Los jueces externaron que se trata de una "amenaza" contra sus derechos adquiridos como juzgadores, pues es una forma de sanción a quienes no votaran como conviene al Ejecutivo.
