13 de Noviembre del 2024
Juzgadoras, colectivos y trabajadores del Poder Judicial de la Federación solicitaron el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de la reforma que implementa la elección de jueces, magistrados y ministros.
En la audiencia celebrada este martes, los comisionados escucharon la intervención de los inconformes y de la representación del Estado Mexicano sobre temas como la carrera judicial, las causas de la modificación constitucional y la la intervención de organismos criminales en el proceso comicial del próximo año.
"NO LLEGAMOS TODAS"
La elección de los miembros del PJF es una regresión en el sentido de que se remueve a mujeres que habían superado el denominado "techo de cristal" —barrera en el desarrollo profesional no atribuible a la capacidad o preparación—, aseguró la jueza de distrito Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez.
Señaló que representa a 17 juezas en 11 estados, de un total de 25 impartidoras de justicia que en 2019 ganaron un concurso de oposición para ocupar el cargo y que fue diseñado para cerrar la brecha de género, pues los puestos son mayormente ocupados por hombres.
Sostuvo que con una antigüedad de entre 10 y 26 años en el PJF son "funcionarias de carrera judicial" y que la insaculación por la que se eligieron los espacios a renovar, un total de mil 782, "merma la dignidad humana". De la cifra, 486 son mujeres: 289 juezas y 197 magistradas.
"Así le decimos a la presidenta que se equivoca, ya que desafortunadanente no, no llegamos todas".
MENOS REQUISITOS Y DESPIDOS
Externaron su preocupación sobre el futuro de los empleados de los tribunales federales juzgadoras, la relatora Andrea Pochak y la secretaria Ejecutiva de la CIDH, Maria Claudia Pulido.
Angélica Laguna, una trabajadora del PJF, manifestó que desaparece la carrera judicial, que estaba conformada por cinco escaños: oficial judicial, actuario, secretario, juez y magistrado, para los cuales los interesados se sometían a cursos rigurosos.
"Ahora hay menos requisitos para ser juzgador que para ocupar el primer puesto del escalafón, el de oficial judicial".
Dijo que están en proceso modificaciones a las leyes secundarias para transformar plazas de base en plazas para personal de confianza.
Sobre este tema, de parte de la representación del Estado Mexicano, José Antonio Montero Solano, miembro de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, afirmó que la reforma sienta las bases para el desarrollo de la carrera judicial a partir de "excelencia, imparcialidad y paridad".
Se reconfigura la composición del Poder Judicial con periodos de 12 años para ministros, así como de nueve años para jueces y magistrados —con posibilidad de reelección—.
Además, se implementará la Escuela Federal de Formacion Judicial, responsable de la capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal, así como concursos de oposición para acceder a las distintas categorias de la carrera judicial.
CONSTITUCIONALISMO ABUSIVO VS AMPLIO CONSENSO
Luz Elena Baños, embajadora de México ante la OEA, mencionó que las modificaciones son resultado de un amplio consenso, ya que hubo foros y diálogos en las entidades, además de ser aprobada por las cámaras y al menos 17 legislaturas locales.
José Antonio Montero Solano, miembro de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, añadió que se trata de un mandato del pueblo, ya que la reforma fue promovida desde las elecciones 2024 y finalmente el bloque promotor obtuvo la mayoría legislativa.
El comisionado Carlos Bernal Pulido externó que las modificaciones son "ejemplo del constitucionalismo abusivo" porque el gobierno intenta desmontar los contrapesos. Sostuvo que en un país donde hay un constitucionalismo robusto, la única esperanza era una Corte que declarara inconstitucional la reforma.
"Un gobierno que arrasa en las urnas para la presidencia en todos los cargos de elección, ¿no es un poco sospecho que también quiera elección de los jueces?".
¿Y EL DIAGNÓSTICO PREVIO A LA REFORMA?
La representación del Estado Mexicano sostuvo que la reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en el sistema de justicia.
"Los jueces han liberado a delincuentes, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras a indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judicial y de los estados", expresó Montero Solano.
La jueza de distrito Carmen López hizo referencia al acuerdo del 27 de noviembre de 2020 publicado en el Diario Oficial, herramienta de la Judicatura para el combate al nepotismo.
La magistrada de circuito Emilia Molina demandó la presentación del diagnóstico sobre el que se sustenta la reforma. Señaló que los jueces no liberan delincuentes, sino que se respeta la presunción de inocencia y se toman en cuenta los argumentos de la fiscalía, responsable de demostrar la culpabilidad.
Montero Solano reconoció que no existe un diagnóstico —general— del Poder Judicial, sino artículos, encuestas y evaluaciones desde 2017 sobre el estado de éste.
INJERENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO
Ante cuestionamientos de las comisionadas sobre la injerencia del crimen organizado y recursos ilícitos, el integrante de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo expuso que el órgano de administración judicial establecerá las medidas para resguardar laa identidad de los "jueces sin rostro".
Con ello, se reduce el riesgo de amenazas y presión indebida. No habrá financiamiento privado, el Instituto Nacional Electoral (INE) verificará los tiempos oficiales para las campañas y organizará debates.
La comisionada Andrea Pochak señaló que en muchas ocasiones la CIDH ha sostenido que existen déficits en el sistema judicial de México, por la demora, cantidad de presos sin condena, torturas, impunidad, coptación por parte del crimen organizado.
En otros países se presentan también tensiones entre dos objetivos: democratizar el sistema de justicia y el garantizar la independencia judicial.
Mencionó que la CIDH continuará escuchando a las partes y estará presente en la implementación de la reforma antes de emitir una posición; no obstante, mencionó preocupaciones básicas por parte del orgen este tipo de asuntos como evitar injerencias de otros poderes, las remociones masivas y la poca participación ciudadana en la.elección de juzgadores.
