Celebra Hidalgo 155 años de historia

Con la oposición de las bancada de MC, PRI y el PAN, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa para incluir la extorsión, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, contrabando, así como cualquier conducta relacionada con falsos comprobantes fiscales.

Originalmente estaba planteado incorporar los delitos narcomenudeo y defraudación fiscal, pero la mayoría avaló tres reservas para excluirlos. El dictamen fue aprobado con 443 diputados presentes de los 500, de los cuales 108 sufragaron en contra y 335 a favor, no hubo abstenciones. Será turnado al Senado.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), externó que desde el bloque mayoritario —integrado con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT)— se planteó otorgar un "tratamiento social" al narcomenudeo para generar condiciones de convivencia pacífica.

Mencionó que la defraudación fiscal es el uso de maquinación, engaño o manipulacion para dejar de cumplir las obligaciones tributarias, pero justificó la reserva con que se ha dialogado con los sectores económicos y en este momento se requiere "unidad nacional". 

La tercera reserva aprobada consiste en ampliar la hipotesis de los distribuidores en el proceso de producción de los narcóticos. Con ello, el juez ordenará prisión preventiva oficiosa por la "ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados".

DISCUSIÓN: "PRIMERO LOS POBRES… PERO A LA CÁRCEL"

Antes de la discusión, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una moción suspensiva para que no se abordara el proyecto, con el argumento de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la prisión preventiva en México previamente (caso García Rodríguez), pero fue desechada.

En su intervención en contra dely proyecto, el legislador Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, también emecista, señaló que uno de cada tres reclusos varones se encuentra encarcelado sin juicio, situación que afecta a dos de cada tres internas mujeres.

"Primero los pobres... pero a la cárcel", dijo, ya que seis de cada diez reos ganaba dos salarios mínimos al mes. Los jóvenes son otro sector afectado porque más del 60 por ciento de internos tiene menos de 35 años.

"No van a detener a los grandes defraudadores fiscales y a los factureros que se pueden defender con abogados bien pagados", expresó.

 

MÁS REOS, MENOS RECURSOS

Pese a que el número de personas en prisión preventiva oficiosa pasó de 75 mil a cien mil personas, es decir, 25 por ciento más, la ciudadanía no se siente más segura, opinó Pablo Vázquez Ahued, de la bancada naranja.

"De toda la población privada de su libertad, 45 por ciento lo está bajo la figura de prisión preventiva oficiosa", externó.

El catálogo inició con la reforma de 2008 con seis tipos penales y se dejó esta figura para casos en los cuales otra medida cautelar no fuera suficiente, se pusiera en riesgo la integridad de testigos o el imputado hubiese sido previamente juzgado, explicó César Alejandro Domínguez Domínguez, congresista del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La legislatura morenista y aliados de entonces aumentó a 16 la cifra de ilícitos, al principio del sexenio pasado. Ahora quedó en 20, lo que incrementará el número de personas que se queden encerradas hasta por dos años, estimó

Luis Enrique García López, del Partido Acción Nacional (PAN), reprochó que se pretenda llevar a más personas a la cárcel, pese a que el presupuesto de las penitenciarías se redujo 8.1 por ciento entre 2022 y 2023.

La morenista Sandra Anaya Villegas atribuyó al Poder Judicial el que exista un alto número de personas recluidas y sin sentencia. 

 

NO HUBO EVALUACIÓN, SEÑALAN

El decreto del 12 de abril de 2019, con el que se reformó el 19 constitucional, establece que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de su vigencia, recordó la panista Annia Sarahí Gómez Cárdenas.

Por ello, la cámara tendría que estar revisando la conveniencia de mantenerla, mediante informes sobre los delitos, que no se han presentado.

La legisladora naranja Claudia Ruiz Massieu mencionó que en 2019 la mayoría morenista incluyó en el catálogo el robo de transporte de carga e ilícitos electorales; sin embargo, el primero incrementó 380 por ciento y los segundos registran el doble de denuncias en cinco años, por lo que estas medidas no garantizan la disminución de la incidencia.

Calificó la propuesta como un intento para desviar la atención de las necesidades del sistema de procuración de justicia: "Hacen que los Ministerios Públicos no sólo investiguen menos, sino que investiguen peor", externò.

 

TRANSGREDE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LIMITA A JUZGADORES

La priísta Graciela Ortiz González manifestó que su uso excesivo genera una culpabilidad que trasgrede la presunción de inocencia. Pidió a los diputados del oficialismo escuchar a su "(ex)ministro favorito", Arturo Zaldívar, que previamente consideró esta figura como una "pena adelantada que contraviene los derechos humanos".

Arturo Yáñez Cuéllar, del mismo grupo legislativo, sostuvo que estos mecanismos buscan "meter a todo opositor a la cárcel". En su opinión, los esfuerzos deberían orientarse a dotar de más presupuesto a las fiscalías y de armamento a las policías.

Alan Sahir Márquez Becerra, del blanquiazul, externó que la incorporación de la defraudación fiscal y el contrabando abriría la puerta a que "por un error administrativo" ciudadanos sean encarcelados sin pruebas. Pidió que el gobierno se enfoque en atacar los delitos de alto impacto.

Javier Taja Ramírez, de Morena, señaló que la emisión de falsos comprobantes fiscales constituye un fraude al erario. De 2017 a 2019 se generó un daño a la Hacienda Pública de 738 mil millones de pesos, según el SAT, explicó.

Irma Yordanda Garay Loredo, del PT, aseguró que los cambios pretenden una eficiente recaudación fiscal.

Según la panista Margarita Zavala Gómez del Campo, se establece una interpretación literal del precepto, con lo que se elimina la facultad interpretativa de los jueces y la aplicación de la perspectiva de género. 

“Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”, dice la reforma.

Marcelo de Jesus Torres, también del blanquiazul —quien se pronunció contra incluir la defraudación fiscal—, añadió que la redacción limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa como el amparo, además de impedir el uso de otras medidas cautelares.

 

RECLAMAN COMERCIANTES POR EXTORSIÓN

Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Morelos son las entidades más afectadas por la extorsión, sostuvo la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Verde, con base en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La representante añadió que los delincuentes se han adaptado a las nuevas tecnologías y utilizan los teléfonos celulares para sus prácticas.

El petista Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja manifestó que el delito de extorsión —que contempla el cobro por derecho de piso— se incluye en el catálogo como respuesta al reclamo de comerciantes, ya que los delincuentes "más tardaban en entrar que en salir de las prisiones".

Con base en un estudio del Senado, Ana Erika Santana González, del PVEM, mencionó que entre enero de 2018 y octubre de 2023 la extorsión creció 26 por ciento y el narcomenudeo, 28 por ciento.

 

POR 6 GRAMOS, LA GENTE HUBIERA IDO A LA CÁRCEL

Durante la discusión, Patricia Mercado Castro, de MC, recordó que hace tres años se logró un acuerdo para permitir la posesión simple de hasta 28 gramos de cannabis, que después fue desechado. 

Además, en 2020 se aprobó la Ley de Amnistía, que beneficia a consumidores aprehendidos en posesión del doble de la dosis permitida en la Ley de Salud, "un gramo de cocaína y 10 de cannabis", dijo.

En el proyecto original se abría la posibilidad de que el narcomenudeo ameritara prisión inmediata y se incluyera a aquellos detenidos en posesión de seis gramos en adelante. "¿A qué hora nos volvimos tan conservadores?", cuestionó.

La reforma, dijo, representa la salida de México del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Señaló que por cada narcotraficante asegurado se encarcela a 24 narcomenudistas, es decir, "a los peones de la industria", no a sus jefes.

María Rosete, de Morena, consideró que el país atraviesa una "crisis de salud pública" por la venta de drogas. La ingesta se concentra en personas de entre 18 y 34 años, dijo con base en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas de Inegi.

María Luisa Mendoza Mondragón, del PVEM, añadió que la Comisión Nacional de Salud informó de 3 mil 288 muertes relacionadas con el.consumo de fentanilo, por lo que la reforma tiene un carácter preventivo.

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