19 de Noviembre del 2024
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El diputado Andrés Velázquez Vázquez propuso una reforma al artículo 322 del Código Penal para garantizar que se sancione a todos los servidores públicos que, por acción u omisión, afecten la procuración y administración de justicia.
El diputado de Morena externó que esta iniciativa busca que la procuración de justicia sea imparcial y objetiva, respetando los derechos humanos y la seguridad jurídica de las personas. Además, se busca que esté acorde con el Plan Estatal desarrollo 2022-2028, denominado “Fortalecimiento de la Procuración de Justicia”, un pilar fundamental establecido por el actual gobernador.
Añadió que algunos factores externos que impiden la procuración de justicia son los actos dolosos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, los cuales atentan contra la justicia.
En este contexto, el Código Penal para el estado de Hidalgo establece sanciones para servidores públicos, sin embargo, presenta dos limitantes significativas:
1. Se restringe a servidores públicos aquellos que tienen un papel directo en la procuración y administración de justicia, excluyendo a otros servidores públicos.
2. La descripción del tipo penal exige, en la práctica, demostrar el dolo desde la etapa inicial del proceso penal.
Destacó que, en un análisis del artículo 322 del Código Penal, se limita la responsabilidad a los servidores públicos directamente encargados, como ministerios públicos, jueces y magistrados. Sin embargo, la omisión o mala actuación de estos servidores, aunque no tengan un papel directo en el proceso judicial y la investigación, puede perjudicar gravemente la integridad del caso.
“Al no sancionar a este tipo de actores públicos, se deja un vacío normativo que permite que se perpetúen prácticas judiciales sin consecuencias, socavando la confianza de la ciudadanía”.
Por lo tanto, se propone modificar el artículo 322 del Código Penal del estado de Hidalgo para ampliar su alcance y asegurar que se sancione a todas las personas servidoras públicas que, por acción u omisión, afecten la procuración y administración de justicia.
Además, se propone incluir todas aquellas conductas que puedan afectar la correcta procuración e impartición de justicia, como alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos, hallazgos o indicios, evidencias, numerario, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o con el procedimiento de cadena de custodia.
“De esta manera, se promueve una cultura de cero impunidad y anticorrupción en el servicio público”, concluyó.
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