26 de Enero del 2024
Bajo un esquema de revisión para el correcto manejo de recursos, la Secretaría de la Contraloría en el gobierno de Hidalgo continúa en el proceso de seguimiento y evaluación de auditorías efectuadas a entes públicos.
La dependencia que dirige Álvaro Bardales, realizó durante el ejercicio fiscal 2022, un total de 122 revisiones de procedimientos administrativos bajo la supervisión de los titulares de los Órganos Internos de Control de las dependencias y organismos del gobierno estatal, de los cuales 102 concluyeron.
En cuanto al resultado de las auditorías, la Contraloría informó que se emitieron 760 observaciones, de estas 90 por ciento fueron solventadas en su totalidad gracias al acompañamiento que realiza el gobierno estatal para mejorar los procesos administrativos de todos los organismos que manejan recursos públicos.
Respecto a 10 por ciento de las observaciones que no fueron atendidas, la información que presentaron las instancias auditadas no fue considerado veraz, oportuna o suficiente para ser solventada, por lo que actualmente se encuentran en análisis y a la espera de más reportes para su dictaminación.
De acuerdo a la cooperación brindada, se evaluará la posibilidad de una ampliación del periodo otorgado o, en su defecto, se podrían iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas contra los servidores públicos implicados.
Los aspectos que la Secretaria de la Contraloría evalúa y supervisa, están relacionados con el cumplimiento financiero, gestión de recursos humanos, manejo de recursos materiales, procesos e integración de licitaciones, parque vehicular, gastos de oficina, así como bienes muebles e inmuebles, además de la revisión del cumplimiento de archivos.
Actualmente, se encuentran en proceso de conclusión 20 auditorías enfocadas en recursos materiales, personal y verificaciones de almacén.
El objetivo es asegurar la correcta aplicación de los recursos públicos por parte de todos los entes públicos, y garantizar beneficios tangibles para la población hidalguense, compromiso que mantiene el gobernador Julio Menchaca y la Contraloría para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas durante su gestión.
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