28 de Noviembre del 2024
El dictamen fue aprobado con 94 votos a favor y 34 en contra, alcanzando la mayoría calificada requerida para su aprobación
Tras un debate de más de seis horas, la Cámara de Senadores aprobó, tanto en lo general como en lo particular, la reforma al artículo 19 de la Constitución Política que establece la prisión preventiva oficiosa para delitos como la extorsión, el tráfico de fentanilo y las actividades vinculadas con la falsificación de comprobantes fiscales.
La asamblea rechazó las reservas presentadas por senadores del PAN, PRI, MC y Morena, quienes proponían modificaciones al proyecto. Finalmente, el proyecto fue remitido a los congresos estatales para su consideración.
Durante el debate los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT defendieron que la reforma es necesaria para proteger a la ciudadanía de delitos en aumento en los últimos años. En contraste, las fracciones del PAN, PRI y MC argumentaron que la prisión preventiva oficiosa atenta contra los derechos humanos.
Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, destacó que la prisión preventiva es una medida excepcional e indispensable para proteger a las víctimas y evitar la impunidad de quienes cometen delitos graves. Por su parte, Andrea Chávez Treviño (Morena) instó a los legisladores opositores a no ser parte del problema, recordando que en mayo, gobernadores de todo el país, incluidos los de PAN, PRI y MC, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia que no elimine la figura de la prisión preventiva.
Desde el PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña aclaró que su bancada apoya la prisión preventiva, pero solo cuando esté debidamente justificada, advirtiendo sobre el riesgo de que las fiscalías encarcelen injustamente a ciudadanos mediante la manipulación de pruebas o denuncias falsas.
Por el PVEM, Juanita Guerra Mena respaldó la reforma, aunque enfatizó la importancia de que la prisión preventiva se aplique respetando los principios del proceso penal. En tanto, Karla Guadalupe Toledo Zamora, del PRI, advirtió que esta figura desvirtúa el principio de justicia, al castigar a quienes aún no han sido declarados culpables, además de contradecir las recomendaciones de organismos internacionales.
Finalmente, Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, destacó que la reforma busca enfrentar delitos de alto impacto, como la extorsión, que ha mostrado un alarmante aumento en los últimos años, con más de 10 mil casos registrados en 2022, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por su parte, Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, argumentó que la aplicación de la prisión preventiva afecta principalmente a los sectores más vulnerables, y tiene un impacto directo en el aumento de la población penal. De acuerdo con datos oficiales, la población privada de libertad creció significativamente de 196 mil personas en 2018 a 233 mil en 2023, de las cuales casi 87 mil no han sido sentenciadas.
Esta reforma, que busca endurecer las penas contra delitos de alto impacto, será ahora considerada en los congresos locales antes de su posible entrada en vigor.
