04 de Diciembre del 2024
La legisladora Alhely Medina Hernández suscribió un proyecto para incorporar la figura del Servicio Legal Pro Bono en la Ley Orgánica del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Hidalgo.
La legisladora indicó que, de acuerdo con el documento Hallazgos 2023: Seguimiento y Evaluación de la Justicia Penal en México, realizado por la organización México Evalúa, a nivel nacional cada persona defensora pública atendió, en promedio, 246 asuntos y representó a 174 personas procesadas durante 2023. En ese mismo año, un asesor jurídico atendió alrededor de 342 casos, un 12.8 por ciento más que en 2022, y representó a un estimado de 258 víctimas, lo que representa un aumento del 12.2 por ciento respecto al año anterior.
Además, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024, durante 2023 las unidades estatales de defensoría pública recibieron 940 mil 164 casos. De estos, el 69.5 por ciento correspondió a materia penal. Esta sobrecarga en los servicios de defensa pública en México y el mundo ha llevado a que cada vez sea más común que las defensorías públicas canalicen asuntos hacia colegios, barras, asociaciones, despachos de abogados y profesionistas independientes. Dichos casos, por sus características, estarían originalmente encaminados a la defensoría pública.
“Este mecanismo de colaboración para el otorgamiento de servicios legales no remunerados suele denominarse pro bono”, comentó la legisladora.
Agregó que el ejercicio de la abogacía cumple una función social al coadyuvar con el Estado en la resolución de conflictos jurídicos sin costo para quienes reciben el servicio. En ese contexto, señaló que, en países como Estados Unidos, desde 1974 existen programas de asistencia legal sin fines de lucro para personas de bajos ingresos. A través de estos mecanismos, despachos privados asumen el pro bono como parte de su responsabilidad social corporativa.
En México, los servicios legales “pro bono” están a cargo de asociaciones civiles que trabajan en colaboración con redes, alianzas y despachos de abogados independientes. Además, organizaciones o colegios de abogados ofrecen este tipo de servicios a la ciudadanía, e incluso instituciones académicas como la Universidad La Salle cuentan con despachos jurídicos pro bono.
Sin embargo, este esfuerzo, aunque significativo, sigue siendo aislado al no contar con una regulación o con la participación mínima del Estado, lo que dificulta medir su impacto frente al universo de asuntos que llegan a las defensorías públicas de las entidades federativas, las cuales concentran la mayoría de los casos que requieren apoyo jurídico.
La diputada Medina también señaló que estos servicios son selectivos, ya que dependen de las políticas de cada organización, despacho o colegio. Además, el tiempo de respuesta para aceptar un caso puede retrasar la inmediatez requerida para intervenir eficazmente.
Objetivos de la iniciativa
La propuesta presentada tiene tres objetivos principales:
Con esta propuesta, se pretende garantizar el acceso a la justicia para quienes más lo necesitan, mientras que para los abogados del ámbito privado representará una forma de cumplir con su responsabilidad social de manera voluntaria, especializada y no remunerada, contribuyendo al fortalecimiento del derecho a la defensa y la protección de los derechos humanos.
