18 de Diciembre del 2024
Rafael Castelán Martínez, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, señaló en un conversatorio que el presupuesto establecido por el gobierno federal no puede revertirse. Sin embargo, destacó que los actos realizados por parte del gobierno estatal y el silencio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) son preocupantes, pues dejan ver que no existe diálogo entre la ciudadanía e instituciones.
Castelán subrayó que el fenómeno migratorio en la entidad sigue en aumento, especialmente en los municipios de Apan, Atitalaquia, Tepeji y una parte de Tula, ya que estas localidades se encuentran en la ruta del tren que las personas migrantes utilizan para llegar a Estados Unidos. Como resultado, su presencia también se ha vuelto más notoria en Pachuca, Tizayuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma, donde muchos migrantes ya no solo transitan, sino que también buscan establecerse.
En respuesta, el gobierno federal ha dispuesto la creación de más albergues en los municipios de Tula, Ciudad Sahagún, Huejutla y Pachuca. Este último ha sido escenario de actos de xenofobia e incluso racismo, en los que, lamentablemente, el gobierno también participó mediante la represión de los manifestantes que ejercían su derecho a la protesta.
“Nosotros, que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos, observamos un desconocimiento generalizado sobre los derechos de las personas migrantes, tanto desde el Estado como de la población. No hay una respuesta clara ni contundente hacia la ciudadanía para explicar por qué se están implementando estas acciones”, señaló Castelán. También denunció la represión contra los vecinos que ejercían su derecho a la protesta legítima.
Por su parte, Daniel Muñoz, oficial de derechos humanos en la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), comentó que los discursos que se observaron durante las protestas estaban cargados de xenofobia y miedo irracional hacia las poblaciones extranjeras. Destacó que uno de los comentarios ciudadanos a los medios más representativos fue: “Yo creo que las necesidades de los hidalguenses son muchísimas y el gobierno estatal y federal deben ver por las necesidades de los hidalguenses primero”.
“Hay quienes creen que algunas personas deben tener más derechos que otras. Estos discursos anti-derechos los hemos escuchado en debates sobre el aborto y otros grupos en defensa de sus derechos. Los migrantes tienen derechos básicos como la salud y la vivienda, pero estos no deben estar condicionados de manera distinta a los de otras personas”, agregó Muñoz.
Muñoz expresó su preocupación por la postura del gobierno estatal y la CDHEH, que no se han pronunciado al respecto. También señaló que el gobierno estatal debió establecer mesas de trabajo previas para sensibilizar a la población, a fin de evitar confrontaciones. “Estas protestas son el resultado de un Estado omiso, que no preparó el terreno antes de tomar decisiones. No se trata de condicionar los derechos a la participación ciudadana, pero sí de evitar confrontaciones. La CDHEH, Migración y otras instituciones tienen un rol clave para prevenir estos casos”, concluyó.
Situación de migración infantil en Hidalgo
Por su parte, Sandra Mejía, abogada defensora de derechos humanos en el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) de la Ciudad de México, destacó que la migración infantil ha aumentado considerablemente en los últimos años. De enero a agosto de 2024, el Instituto Nacional de Migración (INM) atendió mil 844 eventos de niños, niñas y adolescentes migrantes. En Hidalgo, de enero a diciembre de 2022 se atendieron 103 casos, mientras que en 2023 la cifra aumentó a 269.
Mejía explicó que la situación de los niños migrantes es muy distinta a la de los adultos, ya que pueden estar acompañados por sus familias, viajar solos o hacerlo con personas que los han cuidado durante años. Esto implica que sus necesidades son diferentes y deben ser atendidas en consecuencia.
Señaló que las nacionalidades más recurrentes en estos casos son Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, en la actualidad también se han registrado niños migrantes provenientes de Venezuela, Ecuador, Afganistán, China, Nueva Guinea y la República del Congo. Estas personas huyen de la violencia en sus países, de agresiones familiares o simplemente buscan una vida mejor en un tercer país.
Mejía destacó la existencia de la “Ruta de Protección”, una política vigente desde 2019 creada por organizaciones y dependencias federales. Este mecanismo, que puede ser replicado en las SIPPINAs estatales, establece que el gobierno debe monitorear los flujos migratorios, atender a los migrantes a través de Protección Civil y el DIF, y notificar a la Procuraduría de Protección y posteriormente a Migración en caso de que los niños sean detenidos.
En este sentido, Daniel Muñoz enfatizó que los niños migrantes no deben ser detenidos, ya que esto viola su derecho a la libertad. Incluso si sus familiares son detenidos, los menores no deben ser separados de ellos ni privados de su libertad.
Muñoz también recordó los principios internacionales sobre los derechos humanos en fronteras internacionales, que incluyen los siguientes puntos:
Estos principios buscan garantizar la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente los menores de edad.
