23 de Diciembre del 2024
Califico como inadmisible la desaparición de siete Organismos Constitucionalmente Autónomos (Ocas), sin analizarse las repercusiones que esto tendrá para la democracia y en los derechos conquistados por la ciudadanía.
La justificación del Gobierno de México, que fue el principal impulsor con las iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024, de la bancada oficialista y de sus aliados legislativos, es el alto costo que representan para el Estado mexicano, la duplicidad de funciones con algunas dependencias gubernamentales y la necesidad de modernizar la administración pública federal, para garantizar el efectivo uso de los recursos públicos y con ello fortalecer las políticas de bienestar social.
Adentrándonos a la realidad y de lo que representa el gasto de estos 7 Ocas, representa el 0.05 por ciento; en números netos, 5 mil millones de pesos, en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 9 billones de pesos.
Los Ocas que desaparecerán son:
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que transferirá sus atribuciones a la Secretaría de Economía; poniéndose en riesgo la garantía de libre competencia en los mercados, lo que podría afectar la diversidad, la calidad, y los precios de los bienes y servicios.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); donde se abrirá la puerta a una regulación discrecional en el aspecto radioeléctrico, las redes de comunicación y la comunicación vía satelital, en detrimento de la competencia y la calidad.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que dejará sus responsabilidades al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); donde se abre la puerta a una evaluación menos rigurosa de la política social del Gobierno de México, con implicaciones negativas para las decisiones presupuestales y la calidad de los programas sociales.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los cuales cederán sus facultades a la Secretaría de Energía (Sener); donde se pierden dos órganos técnicos, el primero: de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los privados, que se encargan de administrar las asignaciones y los contratos petroleros; con la desaparición del segundo, deja de existir un piso parejo en la regulación de la electricidad, el gas natural y los petrolíferos.
El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cuyas atribuciones se reasignan a la Secretaría de Educación Pública (SEP), con ello se limita la evaluación de la política educativa y las acciones para mejorar las competencias de los estudiantes y de las personas trabajadoras de la educación.
Por último, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que procesa anualmente más de 20 mil solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales. El Gobierno de México resulta por demás omiso en garantizar el acceso a la información pública; las obligaciones de este ente autónomo pasarán a diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal de Disciplina Judicial, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el Centro de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se verán sin duda mermados los derechos de acceso a la información, la protección de datos personales, lo que impactará negativamente en la capacidad de rendición de cuentas, donde la información pública a la que se le obligaba al gobierno brindar, ahora será el propio gobierno el que decidirá cuál es la información que tengamos que conocer, sustituyendo el principio establecido constitucionalmente de que toda la información del Estado es pública por definición y reservada por excepción.
Así también el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa, aborda establecer una serie de artículos transitorios, para que una vez que entre vigor, los comisionados de dichos Ocas, cesen en sus funciones; el personal que labora en los mismos, pase a formar parte de las dependencias que asuman sus funciones; así también, las entidades federativas, en lo que competa y corresponda, deberán adecuar sus constituciones locales y leyes en materia de transparencia; así también los ahorros que se produzcan en virtud de la desaparición de dichos entes, serán redireccionados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El modelo hiperpresidencialista que se esta instaurando en México, desmontando los contrapesos del poder público, nos rememora al priato de los años 60, cuando una sola voz imperaba, determinaba el rumbo del país y los derechos que los ciudadanos podíamos disfrutar.
Semblanza
Roberto Rico Ruiz
Socio Director de Rico & Gómez Abogacía, Sociedad Civil, exdiputado local, extitular de la Secretaría de Servicios Legislativos del Congreso de Hidalgo y de la Coordinación General Jurídica del Poder Ejecutivo estatal, representante electoral ante diversos organismos electorales, exregidor del Ayuntamiento de Pachuca.
Maestro en Derecho Electoral, analista de corte político y jurídico en diversos medios de comunicación reconocidos y de corte académico, catedrático de la Universidad La Salle Pachuca y presidente del Consejo de Honor y Justicia del Colegio Nacionalista de Abogados y Juristas.
Contacto Facebook y Red Social X: @RobertoRicoRuiz, correo electrónico: rricoruiz@hotmail.com; pagina de internet: https://rg-asociados.mx/
