31 de Diciembre del 2024
De acuerdo con el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), las Áreas de Detención Municipales (ADM) enfrentan serias deficiencias estructurales y operativas que comprometen la seguridad y dignidad de las personas detenidas. Estas deficiencias incluyen sobrecapacidad, uso inapropiado de espacios, y falta de condiciones mínimas de habitabilidad y separación adecuada entre hombres y mujeres.
En promedio, los municipios hidalguenses cuentan con solo 2.5 celdas por ADM. El 14 por ciento de ellos, como Omitlán de Juárez, San Felipe Orizatlán, La Misión y Emiliano Zapata, disponen de una única celda, lo que impide separar a los detenidos por género o proteger a grupos prioritarios. El 55 por ciento cuenta con dos celdas, mientras que solo el 26 por ciento tiene entre tres y cinco, como es el caso de Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala. En algunos municipios, la improvisación es extrema: espacios administrativos son adaptados como celdas debido a la falta de infraestructura.
La capacidad limitada genera condiciones de hacinamiento extremo. En Pachuca, celdas grandes diseñadas para albergar a 10 personas llegan a contener hasta 15. En San Agustín Tlaxiaca, una celda de 6x3 metros ha llegado a alojar a 10 detenidos simultáneamente, exponiéndolos a riesgos de salud y seguridad.
Dimensiones insuficientes y falta de mantenimiento
El tamaño promedio de las celdas es de 3x3 metros, pero un 35 por ciento mide apenas 2x2 metros, espacio insuficiente para más de dos personas. Aunque el 45 por ciento tiene dimensiones aceptables (3x3 a 4x4 metros) y un 20 por ciento alcanza tamaños amplios (6x5 metros), la distribución es desigual y no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos.
Además, un 17 por ciento de los municipios utiliza las celdas para fines alternativos, como bodegas o almacenamiento, reduciendo aún más la capacidad operativa. Ejemplos de esto se observan en Almoloya, Chilcuautla, Huazalingo y Tulancingo.
Vulnerabilidad de las mujeres y otros grupos
Aunque el 86 por ciento de los municipios reportan contar con separación entre hombres y mujeres, en la práctica esto no siempre ocurre. En lugares como Actopan y San Agustín Tlaxiaca, las mujeres son resguardadas en oficinas administrativas o espacios improvisados, vulnerando su privacidad y seguridad. Casos como el de Agua Blanca de Iturbide, donde las celdas para mujeres se encuentran dentro de las destinadas a hombres, agravan esta problemática.
Además, el 60 por ciento de las celdas está destinado a hombres, dejando solo un 40 por ciento para mujeres. En Mineral del Monte, por ejemplo, una celda grande puede albergar a seis hombres, mientras que las dos celdas pequeñas para mujeres tienen capacidad para dos detenidas cada una.
El informe de la CDHEH destaca la urgencia de implementar políticas públicas que garanticen una infraestructura adecuada en las ADM, así como la separación de detenidos por género y condiciones que respeten su dignidad. La falta de inversión en mantenimiento y adecuación de estos espacios refleja una deuda pendiente en materia de derechos humanos.
La sobrecapacidad y las condiciones inadecuadas en las áreas de detención municipales no solo vulneran los derechos de los detenidos, sino que también representan un desafío para las autoridades locales, quienes deben priorizar la seguridad y el respeto a los estándares internacionales.
