03 de Marzo del 2025
Parentescos de padres e hijos, hermanos, esposos, primos y sobrinos prevalecen entre los puestos de más alto nivel dentro del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH), cargos que representan solo el 6 por ciento de las más de 2 mil plazas que existen.
Ocupar uno de estos lugares de alto nivel requiere de concursos de oposición, procesos de selección y exámenes de aptitud, pero no siempre ocurre así porque existen relaciones laborales que surgieron del vínculo con quienes ya ocupaban un cargo público.
¿Vínculos familiares, Son un riesgo para el trabajo jurisdiccional?
Jueces y magistrados del Poder Judicial local acreditan su experiencia laboral con los cargos del menor al mayor que han ostentado con el paso del tiempo.
Algunos cuentan con carreras judiciales de hasta 40 años de antigüedad, pero: ¿es un riesgo para el desempeño judicial que tengan a un familiar colaborando en el mismo Poder, a pesar de que su pariente haya obtenido el encargo por sus méritos?
En esta condición están los hermanos Víctor y Ciro de apellidos Juárez González, magistrado y juez, respectivamente, ambos en materia penal y con carrera judicial que comenzaron desde los años 90 luego de que ingresaron al PJEH como comisariados de juzgado.
Los jueces son quienes emiten las resoluciones que se pueden impugnar ante magistrados. En el caso en concreto, si una sentencia que pronunció el juez Ciro – aún si es mediante procedimiento abreviado- llega a la Segunda Sala donde está adscrito su hermano Víctor, entonces surgiría un conflicto de interés.
Si bien, en la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal se contemplan las garantías jurisdiccionales de autonomía, independencia, imparcialidad y libertad para juzgar, también es cierto que el Código de Procedimientos Penales para el Estado en su artículo 28 precisa que magistrados, jueces y secretarios deben excusarse de conocer asuntos cuando exista algún impedimento legal; es decir, apartarse del caso.
La misma Ley precisa siete motivos, entre ellos: tener parentesco (…) con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defenso res. Tan solo el PJEH reportó una ex cusa en las salas penales que resultó procedente durante septiembre de 2023 a septiembre de 2024.
De igual manera existen las recusaciones, que son solicitudes de las partes para que un funcionario judicial se abstenga de conocer un asunto. De estas, nueve resultaron procedentes en Salas Civiles y Familiares en el mismo plazo enunciado, cuyos datos provienen del segundo informe anual de actividades del PJEH y no de las cifras solicitadas ante la Coordinación de Comunicación Social que no fueron proporcionadas.
Un caso similar respecto a magistrados y jueces que son familiares es el de Esteban Espinosa Ramírez, integrante de la Primera Sala Penal y cuñado de Esperanza Berenisse Vera Yáñez, jueza por Ministerio de Ley en el Juzgado Mixto de Mixquiahuala, quien a partir de 1996 se desempeñó como secretaria de acuerdos hasta que ostentó el de juzgadora median te la modalidad enunciada; es decir, sin un proceso de selección porque remplaza temporalmente a un titular.
Jorge Antonio Torres Regnier es magistrado integrante de la Segunda Sala Civil y Familiar, primo de María del Rosario Gabriela Ayala Regnier, secretaria de acuerdos en el Juzgado Primero Civil y Familiar de Apan.
Además, son hermanos Óscar Hernando Barrones Castillo, magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y Norma Sandra Barrones Castillo, jueza en el Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Pachuca, aunque en este caso las materias en las que impar ten justicia son distintas.
La jueza Sandra ingresó por primera vez al PJEH hace 38 años como actuaria y a partir de 1999 ejerció como juzgadora en diferentes materias como civil, familiar, mercantil y penal, su trayectoria es de más años respecto a la de su hermano Óscar que entró hace 29 años y asumió la magistratura en agosto de 2024. Ambos se inscribieron en el proceso de selección de aspirantes al Poder Judicial de la Federación (PJF).
También son hermanos Rafael Souverbille García, juez en el Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Actopan y Sandy Souverbille García, notificadora en materia penal desde el año 2014.
Asimismo, hay otros vínculos familiares como los de esposos. Uno de los casos es el de Reynaldo Soto Ponce, secretario general del Tribunal Superior de Justicia (TSJEH) y secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura, quien está casado con Sidney Escudero Larragoiti, jueza en el Juzgado Penal de Ejecución del Segundo Circuito en Tulancingo.
Soto Ponce inició en 2005 como auxiliar administrativo en el PJEH, en 2009 fue auxiliar de juez y para 2013, secreta rio de acuerdos en Tulancingo. En aquel año, Escudero Larragoiti se incorporó al Poder Judicial en el mismo circuito y también empezó como auxiliar.
Con el transcurso de los años, se desempeñó como agente de atención ciudadana y jefa de unidad de causas hasta que en enero de 2022 logró el puesto de jueza de ejecución, cargo que se obtiene previo a un concurso de méritos y práctica profesional mínima de cuatro años. Por su parte, su esposo desde 2019 fungió como juez hasta que en noviembre de 2022 lo nombraron titular de la Secretaría General, cargo que se asume a propuesta del presi dente o presidenta del TSJEH.
Entre otras actividades, al secretario general le corresponde vigilar que las personas juzgadoras (como lo es su esposa) “cumplan oportunamente con los Acuerdos e instrucciones que se les giren”, según el artículo 37, fracción V de la Ley ya mencionada.
En caso de existir faltas en la función jurisdiccional, entonces el titular de la Secretaría debe notificarlo a la presidenta del PJEH, pero es posible que la relación familiar en el asunto en comento, propicie la omisión de informar en caso de surgir alguna anomalía.
Situación que se repite en el vínculo entre hay entre Stephania Elizabeth Cruz Castelán, jueza en el Juzgado Segundo Civil y Familiar de Tulancingo con su papá Porfirio Cruz Ramírez, consejero presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, que es la encargada de conocer de las conductas de personas servidoras públicas.
Así como de la supervisión de los órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas para “lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional”, según el artículo 172.
De igual manera, esta Comisión que encabeza Porfirio Cruz -a petición del Pleno General del Tribunal Superior de Justicia- debe realizar investigaciones contra jueces y jue zas (como lo es Stephania Elizabeth Cruz) cuando se advierta alguna responsabilidad en el desempeño de las funciones jurisdiccionales.
Los vínculos familiares en el PJEH se extienden hacia instancias procuradoras de justicia diversas. Un ejemplo es el de Johana Zamora Arteaga adscrita al Juzgado Penal, Acusatorio y Oral de Pachuca, quien está casada con un fiscal de la Procuraduría de Hidalgo. Por su parte, la jueza de control Karina Vertiz Marín es esposa de un abogado postulante.
Jueces y magistrados son el 6% del PJEH
En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo trabajan 2 mil 210 personas y solo el 6 por ciento son juzgadores: 118, jueces y 18, magistrados, al corte de noviembre de 2024. Los primeros son seleccionados a través de un concurso y los segundos por nombramiento del gobernador, al menos hasta antes de la reforma judicial local que contempla la designación por voto popular para el año 2027.
Por ahora, los juzgadores del fuero común deben acreditar experiencia de entre 4 y 10 años como mínimo. Son ellos los que tienen los cargos más altos en la estructura del Poder Judicial local y dentro del 6 por ciento están los hermanos ya mencionados.
Sin embargo, Ciro y Víctor Juárez González, así como Oscar y Sandra Barrones Castillo, no son los únicos, ya que al listado se unen los jueces Moisés y Juan de apellidos Carmona Ramos.
El primer juzgador nombrado está adscrito al Juzgado Tercero Mercantil en Pachuca y el segundo es juez provisional en el Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Tula.
Los dos tienen experiencia como juzgadores de 17 y 15 años, respectivamente, adicional a los cargos previos que ocuparon en impartición de justicia. Incluso, el juez Juan se unió al PJEH desde su servicio social.
Además, son esposos el juez Ciro y la magistrada Marisol López Barrera, integrante de la Tercera Sala Civil y Familiar, quien obtuvo su nombramiento en agosto de 2024, pero desde 1994 entró como auxiliar al Juzgado Primero Civil de Pachuca, fue secretaria de acuerdos y en 2008 jueza interina por primera vez. Mientras que el magistrado Víctor Juárez González es esposo de Piara Eréndira Sierra Osorio, proyectista en la Séptima Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio.
Desde hace más de dos décadas, también laboran en el PJEH los primos-hermanos Claudia Lorena Pfeiffer Varela y Mario Ernesto Pfeiffer Islas, tíos de la actuaria Tania Lariza Pfeiffer Pecero.
Antes de desempeñarse como magistrada presidenta de la Primera Sala Penal, Pfeiffer Varela tomó en abril de 1999 el cargo de secretaria general del TSJEH, puesto que dejó en noviembre de 2004 para ocupar en diciembre del mismo año uno nuevo: el de magistrada.
Por su parte, Pfeiffer Islas, magistra do presidente de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes, obtuvo distintos cargos en materia electoral antes de llegar al Poder Judicial.
Cuando en diciembre de 1995 dejó la vocalía en la Junta Local del Instituto Federal Electoral (IFE) comenzó en el mismo mes como titular del Tribunal Electoral de Hidalgo, trabajo que concluyó en abril de 2005. Desde entonces tuvo otros puestos en el PJEH y el Instituto Estatal Electoral (IEEH), hasta que en febrero de 2023 se incorporó nueva mente como magistrado.
Los primos Pfeiffer son tíos de Tania Lariza, quien desde 2003 se ha desempeñado como actuaria en los distritos de Pachuca, Tula y Tulancingo. Este cargo requiere dos años de experiencia y cumplir con la convocatoria que expida el Consejo de la Judicatura. Cuando Pfeiffer Pecero ingresó, su tía Claudia Lorena ya fungía como secretaria general.
Son un matrimonio el de Magdaleno López Daniel, titular del Juzgado Primero Penal en Tulancingo con María Concepción Ortega Ruiz, administradora del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes. Ambos con carrera judicial que data de 1993 y 1994, respectivamente.
Además, es familiar político de la magistrada presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría el juez Marco Antonio Chávez Zaldívar, adscrito al Juzgado Tercero Familiar de Pachuca, quien ingresó desde 2001 como actuario, luego laboró como secretario de acuerdos hasta que en enero de 2014 obtuvo el encargo de juzgador.
En el juzgado penal de Huejutla es juez Arturo Casiano Reyes Elizondo, hijo del magistrado en retiro Arturo Reyes Monterrubio, cuya pensión mensual en el año 2019 rondaba los 29 mil 400 pesos.
Desde la anualidad 2022 también es magistrada en retiro Hortensia Ramírez Ramírez, madre de Carlo Rubén Ubilla Ramírez, subdirector del Archivo de Concentración del PJEH, cargo al que accedió en 2023, después de que su mamá se jubiló.
Son hermanos Fernando González Ricardi, magistrado presidente de la Primera Sala Civil y Familiar, y Nel son González Ricardi, secretario de acuerdo en el Juzgado Penal Huejutla desde 2009.
Antes de la magistratura, Fernando entró como actuario en 1981, fue juez por primera vez en 1985 y magistrado desde 2006, mientras que Nelson ingresó en 1991 como actuario y desde 2007 es secretario, siempre en juzgados penales y mixtos de la región de la Huasteca.
Las designaciones directas Investigación
El ingreso y promoción de los colaboradores del Poder Judicial tiene que llevarse a cabo mediante con cursos de oposición, procesos de selección y exámenes de aptitud, como lo precisa el numeral 195 de la Ley Orgánica; sin embargo, no siempre ocurre así porque hay designaciones que realiza la titular del PJEH.
Para ejemplo, el caso de la licen ciada en diseño Mariana González Cravioto, hija de Percys Susana Cravioto Luna, magistrada presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar.
Hasta antes del 20 de enero de 2025 -fecha de actualización del directorio del PJEH- Mariana encabezó la coordinación de Comunicación Social, lugar que asumió en octubre de 2022, es decir, un mes después de que Re beca Stella Aladro Echeverría tomó la titularidad del Poder Judicial local.
La presidenta es quien se encarga de nombrar a la persona que estará al frente de Comunicación, área que tiene 10 facultades, según los numerales 24 y 25 de la ley en la materia.
Entre las obligaciones del puesto están la integración de información para difusión en medios de comunicación, además de la producción de material documental, audiovisual y electrónico institucional con el propósito de mantener informada a la población.
Sin embargo, González Cravioto estudió en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) la licenciatura en Diseño de Información Visual, cuyo perfil de egreso implica la creación de contenidos visuales, el diseño de interfaces interactivas y digitales, entre otras.
Obtuvo su grado en 2014 y cuatro años después entró como jefa de departamento en diseño gráfico al PJEH, esto en marzo de 2018, fecha en la que su mamá fungía como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.
A partir de abril de 2019 se fue a un puesto administrativo en el área de biblioteca, hasta que asumió la coordinación de Comunicación en 2022, encargo del que ya fue relevada.
Este caso indica que la relación laboral no estuvo basada en el mérito “sino en vínculos con quienes ya ocupan un cargo público”, como lo propone Francisco Javier Vega Oviedo en su artículo “Nepotismo, definiciones, peros y consecuencias”, publicado en mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Lo anterior se replicó con María Isela Martínez Vargas, secretaria particular, quien se encarga de la administración de la agenda de trabajo de la magistra da presidenta y funge como enlace institucional con los poderes del Estado.
Empezó en septiembre de 2022 a la par de Aladro Echeverría y antes no había ostentado ningún otro trabajo dentro del PJEH, según se des prende de su curriculum.
Martínez Vargas fue compañera en la universidad de Cynthia Córdova Aladro, hija de la titular del Poder Judicial, quien a su vez es la presidenta del voluntariado del PJEH y actual directora general del Trabajo y Previsión Social en el gobierno estatal.
A principios de febrero de este año, al concluir la ceremonia del día 5 cuando se conmemora la promulgación de la Constitución Mexicana, Rebeca Aladro Echeverría, titular del Poder Judicial local, fue cuestionada sobre los vínculos familiares que existen en la instancia que representa.
La magistrada presidenta señaló que los cargos en el PJEH se han asumido de acuerdo a las normas y consideró que los vínculos familiares no han “puesto en peligro” el desempeño judicial.
CONCEPTOS
Nepotismo: La designación, otorgamiento de nombramiento o contratación que realice un servidor público de personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio concubinato para que preste sus servicios en la misma institución, dependencia o ente público en que éste labora, de acuerdo con el artículo 4, fracción III de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Conflicto o interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios, de acuerdo con el artículo 3, fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Tráfico de influencia: Se entiende por tráfico de influencia a la conducta en la cual incurre la servidora o servidor público, que utilice la posición de su empleo, cargo o comisión para inducir a que otro/a servidor/a público/a efectúe, retrase u omita algún acto de su competencia para generar cualquier beneficio provecho o ventaja para sí, cónyuge , parientes, terceras personas con las que tenga una relación profesional, laboral o de negocios para sus socios/as o sociedades de las que sea parte, según el “Manual del Sistema Nacional Anticurrupción”.
