03 de Marzo del 2025
En el marco de la conferencia “La investigación del delito de lavado de dinero desde la perspectiva local”, el senador Javier Corral Jurado adelantó que propondrá ante el Senado de la República robustecer la Ley Federal para la Investigación de Recursos de Operaciones Ilícitas (conocida como la iniciativa Antilavado de Dinero).
Corral Jurado enfatizó que esta iniciativa no es nueva; sin embargo, fortalecerla mejorará las estrategias para abordar los desafíos futuros en materia de tecnología y nuevas monedas digitales.
Explicó que este fenómeno, conocido de manera simplificada como “lavado de dinero”, consiste en convertir fondos ilícitos en legales a través de mecanismos complejos económicos y financieros, sin levantar sospechas.
El senador indicó que esta práctica existe desde hace siglos y ha evolucionado conforme a los cambios constitucionales y los criterios establecidos.
En México, fue en 1996 cuando se dio el primer paso, con una regulación que, a lo largo de los años, ha sido adaptada a los estándares internacionales y ha mejorado los mecanismos de cumplimiento.
Derivado de ello, se han creado instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que han ayudado a detectar y atender irregularidades.
Este año, se buscará fortalecer el catálogo de actividades relacionadas, ya que, anteriormente, el lavado de dinero se realizaba a través de restaurantes, constructoras, empresas fantasmas, depósitos en efectivo, entre otros. Sin embargo, con la llegada de las criptomonedas, ahora es posible realizar inversiones en la bolsa y, de nuevo, legalizar ese dinero e incrementarlo.
“El lavado de dinero afecta al mercado, impide la competencia justa, desestabiliza la economía y contribuye a la inseguridad. Por ello, es necesario redoblar esfuerzos para fortalecer su combate y establecer medidas legales que permitan investigar y sancionar esta práctica”, comentó.
Objetivos de la iniciativa
De acuerdo con el Senador de Morena, los principales objetivos de esta iniciativa se encuentran los siguientes:
1. Ampliar el alcance de la Ley para incluir la prevención del financiamiento al terrorismo y los recursos de procedencia ilícita.
2. Integrar a los beneficiarios que controlan y supervisan todas las actividades vulnerables al monitoreo.
3. Definir a las organizaciones sin fines de lucro para evitar que sean utilizadas para financiar terrorismo o lavado de dinero.
4. Crear una lista amplia de actividades vulnerables, que incluiría el desarrollo inmobiliario, la comercialización de activos virtuales (criptomonedas), la prestación de acciones de fideicomiso y los servicios de fe pública. Este último incluye a los notarios públicos que participan en estas prácticas.
5. Implementar un monitoreo de acciones y plataformas digitales.
¿Cómo opera el lavado de dinero?
Corral explicó que existen tres principales ejes dentro de este delito y consisten en:
Ciclos de colocación: El modus operandi consiste en introducir el dinero ilícito mediante bancos, seguros, entidades de crédito y otras instituciones cada vez más sofisticadas. Las ganancias se integran al sistema económico y financiero mediante depósitos en efectivo, inversiones, compra de acciones, bonos u otros instrumentos financieros.
El dinero se deposita en bancos en pequeñas cantidades, se invierten en bienes de alto valor, como joyas, autos o propiedades, o se utilizan negocios de fachada, como restaurantes, casinos o constructoras.
Estratificación: El objetivo de esta fase es separar el dinero de su fuente original, cambiando su forma y dificultando su rastreo. Se adquieren bienes en países con menor control y supervisión sobre los depósitos y cantidades de dinero, aprovechando legislaciones más permisivas.
Se invierte en criptomonedas, ya que los mecanismos son difíciles de rastrear, y se recurren a facturas falsas o sobrefacturadas.
Integración o reinserción de los recursos: El dinero se utiliza como si fuera legal, a través de negocios y bienes raíces, en empresas legítimas o en el financiamiento de proyectos o actividades legales. Esto permite que el dinero ilícito ingrese a la economía formal, afectando la estabilidad financiera.
