19 de Marzo del 2025
La diputada Lizbeth Iraís Ordaz presentó una iniciativa para abrogar la Ley de Aranceles de Abogados del Estado de Hidalgo, vigente desde 1942.
La legisladora señaló la importancia de modernizar el marco jurídico ante los cambios en la administración de justicia, ya que la norma actual ha quedado obsoleta, inoperante y resulta contraproducente para el libre ejercicio profesional, además de limitar el acceso equitativo a los servicios legales en el estado.
El arancel establece honorarios de entre 5 y 20 pesos por servicios jurídicos, cifras desfasadas respecto a la realidad económica actual y que no reconocen la dignidad profesional de abogados y abogadas.
El salario mínimo general en Hidalgo es de 78.80 pesos diarios, según datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para 2025. En un contexto de inflación superior al 3 mil por ciento, estas tarifas simbólicas son inviables y generan inseguridad jurídica.
El derecho a una remuneración justa está condicionado por una regulación que restringe la libre negociación de honorarios entre abogados y clientes. "Es un tema de justicia social, ya que, de acuerdo con el CONEVAL, el 43 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, lo que significa que una parte importante enfrenta dificultades para acceder a servicios jurídicos de calidad", explicó la diputada.
Contar con una legislación anticuada que no protege a los usuarios ni estimula la competencia profesional solo profundiza las desigualdades. La permanencia de normas rígidas afecta el mercado y atenta contra el Estado de derecho. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estados como Chihuahua, Baja California y Querétaro han abrogado sus aranceles para abogados, promoviendo mayor transparencia en la prestación de servicios jurídicos.
Esta iniciativa propone una transición responsable, respetando la facultad de pactar honorarios y garantizando la protección de los usuarios de servicios legales. Asimismo, busca armonizar la normativa estatal con principios internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Nuestra responsabilidad histórica es depurar, armonizar y modernizar el sistema jurídico de Hidalgo, generando un marco normativo sólido, coherente y de vanguardia, que brinde certeza jurídica y dignifique la profesión de la abogacía", concluyó la legisladora.
