20 de Marzo del 2025
Las controversias contra Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción en materia de transparencia y acceso a la Información pública del Gobierno de México serán resueltas por juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Para ello, el PJF habilitará juzgados y tribunales especializados en la materia, en un plazo de 120 días después de que entre en vigor la legislación secundaria, cuyo proceso legislativo concluyó este jueves en el Congreso de la Unión.
Además, por medio año quedaran suspendidos los juicios de amparo en trámite relacionados con acceso a la información, dice el transitorio vigésimo del dictamen, disponible en la página de la Cámara de Diputados.
El 4 de marzo, el Senado de la República aprobó el proyecto de dictamen derivado de las reformas en materia de simplificación orgánica que eliminaron siete organismos autónomos, entre éstos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).
Incluye la expedición de las nuevas leyes generales de Acceso a la Información Pública Gubernamental, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como la Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares. También, una reforma al 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este jueves fue aprobada en la Cámara Baja.
IMPUGNACIONES
El nuevo modelo desaparece el INAI y transfiere sus funciones a la Secretaría Anticorrupción, mediante el órgano desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo, que es referido en la ley como Autoridad Garante Federal.
También son órganos garantes, el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, los órganos de control de los organismos autónomos -como las universidades, las contralorías del Congreso de la Unión, el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de los partidos, además del Centro Federal de Conciliación y del Tribunal Federal de Arbitraje, ambos en temas de sindicatos.
Los recursos de revisión proceden contra respuestas a solicitudes de información por información clasificada; declaración de inexistencia o de incompetencia del sujeto; entrega incompleta, deficiente o en formato distinto; falta de respuesta; por costos o tiempos; negativa de consulta a la fuente directa.
Éstas son impugnables por dos vías:
Mediante recurso de inconformidad, cuando se trate de autoridades garantes en los 32 estados, en asuntos vinculados con uso de presupuesto federal, por clasificación de información y declaratoria de inexistencia o negativa.
Las resoluciones del recurso de inconformidad son impugnables ante jueces y magistrados especializados en materia de transparencia.
Cuando se ofrezca en juicio, los jueces y magistrados en materia especializada tendrán acceso a la información clasificada, pero no será parte del expediente judicial.
La segunda vía para impugnar la resolución de recursos de revisión emitidos por autoridades garantes es ante juzgados y tribunales especializados.
PROTESTAS, AUTOVIGILANCIA Y AHORRO
La aprobación ocurrió un día después de protestas en la Ciudad de México de trabajadores del INAI, que demandaron una indemnización por el fin de sus servicios.
En la sesión de la Cámara de Diputados, a nombre de la Comisión de Transparencia, el petista Ricardo Sostenes Mejía Berdeja, aseguró que el ahorro anual será de mil cien millones de pesos, ya que la Secretaría Anticorrupción "asumirá 80 por ciento de las funciones del INAI, con 35 por ciento del costo de su estructura".
Iraís Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano (MC), advirtió un posible conflicto de interés porque Transparencia para el Pueblo formará parte de la administración pública y su titular será nombrado por la presidenta de la República.
La legisladora Claudia Selene Ávila Flores, de Morena, sostuvo que las reformas previenen que exista una "mercantilización de los datos personales" y puso como ejemplo las llamadas que ciudadanos reciben a las 5 de la mañana en las que les ofrecen adquirir una tarjeta (bancaria). Dijo que con la reforma "no sólo doctos, académicos y periodistas tendrán acceso a la información pública", también la ciudadanía.
Fue aprobada en lo general con 321 votos a favor del bloque oficialista, 125 en contra de PAN, MC y PRI, con cero abstenciones. En lo particular fue avalado con 331 votos a favor, 126 en contra y ninguna abstención.
