08 de Abril del 2025
La diputada Tania Meza Escorza presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal en relación con el uso indebido de drones, con el objetivo de reforzar las sanciones ante conductas que representen un mayor riesgo para la seguridad pública.
Durante su exposición de motivos, Meza Escorza explicó que el avance tecnológico representa uno de los grandes retos del derecho penal contemporáneo. Destacó que hoy en día existen hechos cuya complejidad y rapidez superan las capacidades de respuesta de los marcos judiciales tradicionales.
De tal manera, que dicha propuesta busca armonizar el marco jurídico con el Código Penal Federal en lo referente a la regulación de aeronaves pilotadas a distancia, conocidas como drones.
Esta actualización también tiene como propósito proteger la seguridad e integridad de la ciudadanía a fin de garantizar la seguridad pública y los derechos humanos.
En este sentido, se busca reforzar la protección de la intimidad, castigando la captación y difusión de contenido íntimo y sexual sin consentimiento, especialmente cuando se comete en perjuicio de mujeres, niños y adolescentes.
Asimismo, se propone aumentar las penas por daños a la propiedad causados por estos dispositivos, particularmente cuando los bienes afectados sean de seguridad.
De acuerdo con el documento presentado por la legisladora, solo tres entidades se han alineado a las modificaciones del Código Penal Federal. Pero, ¿qué contempla esta propuesta?
El documento refiere las siguientes sanciones de acuerdo al tipo de agravio:
- Prisión de 10 a 20 años para quien utilice drones para arrojar explosivos o sustancias que dañen propiedades o personas.
- Prisión de 5 a 10 años para quien emplee estos dispositivos para transportar armas, explosivos, narcóticos u otras sustancias perjudiciales para la salud.
- Prisión de 3 a 5 años para quienes utilicen drones para grabar a funcionarios, entorpecer sus labores o causarles daño.
-En caso de que se busque dañar a elementos de seguridad o Fuerzas Armadas, las penas se incrementan un 50 por ciento, es decir, de 19 años y medio a 39 años de prisión.
