09 de Abril del 2025
Ante el planteamiento de un problema estructural de justicia en el país, estamos obligados a aceptar la existencia de una nueva era en la impartición de la misma, si bien al respecto pudo o no haber existido un verdadero consenso poblacional, ésta es la nueva realidad, habrá quienes estén de acuerdo y quienes no.
Sin embargo, ello no debe ser pretexto y mucho menos impedimento para perdernos en el camino. Cambiar perspectivas es un trabajo que no será fácil, la propia organización profesional tendrá que llevarnos no sólo en busca de la aplicación de la ley, sino a lograr una equidad legítima que permita a los justiciables obtener una forma distinta de administración de justicia.
Por ello se advierte necesaria la construcción de un nuevo modelo de pensamiento jurídico que no sólo conduzca a la aplicación de la Ley, también que implique un contrapunto necesario al rigor de ésta, haciendo patente una conjunción entre la legitimación y la legalidad de los actos.
Históricamente se reconoce a la legalidad como la racionalidad acotada a la aplicación de la ley y cualquier interpretación de justicia debe direccionarse hacia lo justo, en esa medida es que los operadores jurídicos institucionales, en un sentido humanista actual, deben mitigar los efectos a que conduce el análisis de ambos planteamientos, para lograr así una nueva impartición de justicia.
Insisto, en un momento crucial para el sistema de justicia en nuestra ciudad, no podemos permitir que el cambio nos conduzca al estancamiento del sistema jurídico, salgamos adelante, continuemos en la búsqueda del alto nivel de profesionalismo de nuestros juzgadores, pero con la visión necesaria para fortalecer la justicia para quienes resultan ser expertos en la abogacía y a través de la impartición de justicia a la población, con compromiso social.
Potencialicemos un nuevo perfil jurídico, motivado en la transformación del trabajo jurisdiccional, actuemos en positivo y consolidemos nuevos escenarios en los que aprendamos, innovemos y produzcamos saberes jurídicos a través de adecuarnos al cambio que irremediablemente se nos presenta, sin producir nuevas desigualdades sociales.
Aceptemos la identificación de las necesidades actuales de justicia, para lograr la creación de mecanismos eficientes tendentes a la comunicación efectiva de toda población y los órganos jurisdiccionales, hagamos visible al sistema jurídico mexicano desde de la necesidad de lograr una percepción de legitimidad tanto para resolver los conflictos, como de confianza, puesto que el rechazo a esta nueva realidad jurídica conduce a reforzar indiscutiblemente la percepción continua de corrupción vinculada con opiniones sobre la capacidad de las autoridades para cumplir con sus labores de forma satisfactoria.
Aceptar la cooperación proactiva de la ciudadanía no conduce a restar la calidad de las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de la función pública y sí permitirá, en su caso, tener conocimiento pleno en cuanto si resulta o no la fórmula acertada para contrarrestar las percepciones negativas que las personas involucradas en los conflictos tienen sobre las autoridades responsables, desapareciendo la sensación de ser ignoradas en sus necesidades y expectativas.
Ello indudablemente se ha identificado como un importante reto para la justicia mexicana, en la medida en que uno de los objetivos principales que la sustentan es lograr la legitimidad de ejercicio, por esa razón compete a los aplicadores del Derecho incentivar las interacciones entre las personas y éstos, se ha presentado la oportunidad de la construcción de credibilidad y legitimidad para todas las instituciones que conforman el sistema de justicia penal en el país, desde una perspectiva que no esperábamos; lo cual no obsta, con los riesgos que implica, para intentar consolidar la incansable búsqueda de incidir positivamente en la opinión y confianza a través del trato imparcial, respetuoso y empático con las personas usuarias del sistema.
¿Debemos intentarlo?, la respuesta es un sí contundente, de no lograrlo, revisemos de nueva cuenta los errores cometidos, sin perder de vista que el objetivo siempre debe ser la construcción de un verdadero canal de acceso para la plena protección de los derechos de las personas, pues en el ámbito del Derecho y la justicia nunca existirán planteamientos únicos, de tal forma que es obligación de todos adoptar las nuevas modificaciones en la incansable búsqueda de que las personas y comunidades dejen de sentirse ajenas a los sistemas de justicia, avancemos a través de un enfoque distinto en el tratamiento y análisis de casos, para que toda demanda pueda ser escuchada y atendida de manera idónea.
Concluyo, la complejidad del sistema normativo no debe traducirse en un esquema que desplace el enfoque diferenciado que debe permear en la construcción de la justicia, expresemos claramente nuestro compromiso asumiendo que tenemos la capacidad necesaria para aportar a este nuevo sistema el relieve que requiere para establecer un nexo sólido entre comunidad y autoridades, caminemos en un mismo sentido alejados de falsos egos y si los resultados no son los esperados, establezcamos nuevos parámetros hasta lograr la simbiosis que por décadas se ha planteado en el mundo cambiante del Derecho.
SEMBLANZA
María del Carmen Estrada Vázquez
Licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM), cursó la maestría en Derecho Civil en la Universidad La Salle Campus Pachuca de Soto, Hidalgo.
Cuenta con 32 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México; en los tribunales colegiados Octavo en Materia de Trabajo y Cuarto Penal, ambos en el Primer Circuito; asimismo, en los tribunales colegiados Primero del Vigésimo Segundo Circuito, Segundo del Noveno Circuito y Tercero del Vigésimo Noveno, con sede en Pachuca, donde actualmente es secretaria de Tribunal.
Docente en el Curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Ha participado en cursos y diplomados impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Escuela Judicial.
