22 de Abril del 2025
La alcaldesa, Yazmín Dávila, informó que en rueda de prensa, que además de un fallo judicial que obliga al ayuntamiento a pagar 21 millones de pesos a extrabajadores, se detectaron irregularidades financieras que comprometen propiedades municipales, fondos públicos y programas federales, por lo que ya se iniciaron procesos legales ante instancias estatales y federales.
Derivado de un juicio laboral perdido que dio origen en 2016, el municipio debe pagar 21 millones de pesos a 24 extrabajadores. Este embargo podría afectar bienes como un terreno de dos hectáreas destinado a un nuevo panteón, áreas verdes en las comunidades de La Comunidad y El Baral, la Plaza Municipal, el auditorio municipal, la Presidencia, la capilla de San Joaquín, la Casa de Salud de El Susto, así como cuentas bancarias y otras propiedades a nombre del ayuntamiento.
La demanda colectiva involucró inicialmente a 30 personas; aunque con algunas se llegó a acuerdos, otras exigen el pago total correspondiente. No obstante, la administración actual busca mecanismos para resarcir los daños sin comprometer sus proyectos en beneficio de la ciudadanía.
Respecto al embargo, la alcaldesa aclaró que el municipio tiene el derecho de seguir operando, ya que ciertos bienes —como la Presidencia y la Casa de Salud— son inembargables por tratarse de bienes de dominio público. “No nos dieron oportunidad de defendernos, en la audiencia no se nos permitió hablar. En cuanto a las cuentas, algunas no se pueden ser porque están destinadas a seguridad y obra pública”, explicó. Aunque añadió que, si estos fueron retenidos, sería temporal, en lo que se acredita su carácter público.
Destapan desfalco de más de 80 millones de pesos
Dávila también expuso que su administración deberá solventar un monto adicional de aproximadamente 80 millones de pesos que no ha sido comprobado hasta la fecha, lo cual representa un daño significativo al erario público.
Detalló que entre los pasivos heredados se encuentran 14 millones de pesos en multas y recargos ante la Secretaría de Hacienda por concepto de ISR, no pagados en septiembre de 2024.
Se han iniciado las carpetas de investigación correspondientes ante la Fiscalía General de la República y las auditorías superiores, tanto federal como estatal, para determinar responsabilidades. La edil subrayó que su gobierno está cumpliendo con las obligaciones fiscales actuales y no está generando nueva deuda, aunque los recargos rebasan la capacidad de pago.
En cuanto a nómina, se detectaron pagos por 21 millones 931 mil pesos realizados con cheques a nombre del expresidente municipal, sin evidencia de que estos recursos hayan llegado a los trabajadores. Además, no se cumplió con la normatividad vigente, ya que no existe timbrado de nómina correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
También se identificaron otras irregularidades como:
• Recursos propios no comprobados por 5 mil pesos.
• Fondo General de Participaciones por 17.8 millones.
• Fondo de Fomento Fiscal por 50 mil pesos.
• Fondo de Fortalecimiento Municipal por casi 4 millones.
Asimismo, programas como el PAECE —de origen federal y por un monto de 1.2 millones— no fueron debidamente justificados, lo que provocó que los vetaran de dicho apoyo.
Se detectaron también pagos por la Feria del 2 de septiembre de 2024, tres días antes del cambio de administración, por poco más de 400 mil pesos. Entre el 1 y el 4 de septiembre se retiraron fondos sin justificar por 709 mil 187 pesos, además de 400 mil pesos del fondo destinado a infraestructura municipal, sin la autorización correspondiente.
Además, enfatizó que no existen pruebas de que el cabildo haya aprobado los ejercicios fiscales de 2021 a 2024, lo cual impide justificar legalmente el uso de 142 millones 186 mil 329 pesos durante ese periodo.
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) también detectó la falta de documentación del gasto de 3 millones 875 mil pesos supuestamente destinados a promoción en redes sociales, y solo existe un cheque a nombre del exedil.
En el área de Catastro se encontraron trámites no registrados con cobros de hasta 5 mil pesos. En cuanto al parque vehicular, se hallaron unidades en malas condiciones, sin placas y sin mantenimiento, pese a que existía una partida de 750 mil pesos para ese fin. Incluso, un vehículo municipal fue abandonado en Tulancingo y se considera irrecuperable.
Finalmente, aseguró que se han iniciado carpetas de investigación por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades contra quien o quienes resulten responsables.
Foto: José Sandoval
