05 de Mayo del 2025
PACHUCA. – Wenceslao de Jesús N, Leodegario N y José Eduardo N, presidente, gerente y auxiliar administrativo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Hidalgo (Cesaveh), respectivamente, amenazaron y privaron de la libertad a su compañera de trabajo Juana para exigirle el cambio de fecha de un documento, hechos que los llevaron a enfrentar un proceso judicial que este lunes concluyó con una suspensión condicional.
La detención de los imputados ocurrió el 30 de abril de este año al exterior de las instalaciones del Cesaveh, el mismo lugar donde ellos retuvieron ilegalmente en dos ocasiones a Reyna, quien ostenta el puesto como auxiliar en materia administrativa en el Cesaveh.
Su función es recibir a los usuarios y la documentación o correspondencia que llegue al Comité, así lo hizo el 13 de septiembre de 2024 cuando a las 9:30 horas recibió un oficio.
Seis días después, fue cuestionada por su compañero José Eduardo -también auxiliar administrativo- sobre el documento. Al día siguiente, el 20 de septiembre, el presidente Wenceslao la llamó a su oficina, cerró la puerta con seguro y bloqueó la puerta.
En el lugar también se encontraba el gerente Leodegario, así como el otro auxiliar, quienes le pidieron cambiar la fecha del documento, es decir, del 13 al 18 de septiembre. De no hacerlo, la amenazaron con que perdería su trabajo, así es que ella aceptó.
Para el 26 de septiembre, la llamaron nuevamente a la misma oficina y la retuvieron en contra de su voluntad por alrededor de 20 minutos para notificarle que por la modificación ya se habían dado cuenta en la Ciudad de México y que habría problemas por la modificación de la fecha.
Incluso, en una ampliación de demanda, la víctima explicó que ese oficio era relativo al relevo de planillas para cambiar el Comité, ya que le presidente Wenceslao pretendía poner a una “persona de confianza al frente”.
Derivado de esta acusación, el juez de control David Adrián Martínez Santiago advirtió una relación asimétrica de poder porque al menos dos de los tres implicados son superiores jerárquicos de la víctima.
Además, la superaban en número, así como fuerza, mientras que de la formulación de imputación se desprende que la víctima relató que los colaboradores del Cesaveh tenían una actitud agresiva.
El juez el control consideró que se vulneró el derecho de Juana a vivir una vida libre de violencia y que además existió acoso laboral de las tres personas en contra de la víctima, así como abuso de poder por tenerla ilegítimamente retenida en dos ocasiones por un plazo de 20 minutos.
Respecto a las amenazas, el juzgador señaló que se concretaron cuando le dijeron que la privarían de su trabajo. Los dos delitos en contra de la víctima le ocasionaron daños en su autoestima y salud mental, según se desprende de dictámenes periciales en materia de psicología mencionados durante la audiencia.
Tras un análisis de los datos de prueba, el juez emitió un auto de vinculación a proceso y tres meses como plazo para la investigación complementaria. Pero tras la resolución, la defensa de Wenceslao de Jesús N, Leodegario N y José Eduardo N, solicitó una suspensión condicional del proceso; es decir, una salid alterna que permite no llegar al juicio oral siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.
Además de pagar la reparación del daño, en el caso en concreto entre los tres individuos le pagarán a Juana 6 mil pesos, de este total, 4 mil 800 pesos para 12 terapias psicológicas y mil 200 pesos para transporte. Esto en pagos de tres meses.
Cada uno le ofreció una disculpa pública a la víctima, las palabras se las susurró su abogado y ellos las repitieron al micrófono, también se comprometieron a no repetir las conductas que los llevaron a enfrentar un proceso penal.
