05 de Mayo del 2025
La Cámara Alta analiza una iniciativa presentada por los diputados del Partido del Trabajo (PT), José Luis Téllez Marín y Reginaldo Sandoval Flores, que busca sancionar con hasta tres años de prisión a quien solicite u ordene evidencia digital del sentido del voto, como parte de una estrategia para frenar la compra de sufragios y la promoción encubierta de candidaturas.
La propuesta se apoya en las leyes generales en materia de Delitos Electorales, así como de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de evitar que particulares, incluidos influencers, vendan su voto o promocionen candidatos a cambio de una remuneración.
El documento enviado al Congreso establece que se impondrá una pena mayor —hasta en un tercio— a quien, con el fin de obtener un beneficio económico y debido a su fama o reputación, difunda en plataformas digitales fotos o videos que muestren el sentido de su voto, buscando influir, persuadir o coaccionar al electorado.
Además, la iniciativa contempla reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para prohibir la difusión de imágenes de boletas electorales durante los tres días previos a la jornada comicial y hasta el cierre oficial de casillas.
En el mismo sentido, se indica que el día de la elección, una vez comprobada la identidad del votante y su presencia en la lista nominal, el presidente de la mesa directiva deberá advertir que la veda electoral permanece vigente hasta el término de la jornada, y que la toma o solicitud de fotos o videos que revelen el sentido del voto podría constituir un delito.
Los legisladores del PT señalaron que esta medida busca combatir prácticas que se han vuelto comunes en procesos electorales recientes, donde influencers simulan reflexionar sobre su voto durante la veda electoral, en lo que aparenta ser una campaña “orgánica”. Cabe recordar que esta estrategia ha sido particularmente empleada por su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) principalmente para influir en la juventud.
De acuerdo con el documento, ejemplos internacionales, como Francia, donde desde 2022 se exige a los creadores de contenido declarar si están siendo remunerados por algún partido político; en Australia, la comisión electoral también impone reglas de transparencia en la publicidad política, incluyendo a influencers.
La iniciativa contempla sanciones de 50 a 100 días de multa, y prisión de seis meses a tres años, para quienes soliciten o exijan pruebas digitales del voto de los ciudadanos en el próximo proceso electoral.
