08 de Mayo del 2025
PACHUCA. – Los exfuncionarios de Hidalgo que se autonombran como presos políticos “buscan generar de alguna forma ruido para que no se extienda la acción de la justicia”, señaló Guillermo Olivares Reyna, secretario de Gobierno, luego de ser cuestionado por la manifestación que el 6 de mayo realizaron simpatizantes de Armando N, exalcalde de Progreso y Edgar N, exdiputado local, ambos recluidos en la penitenciaría de Pachuca.
En abril de 2024 fue detenido el presidente municipal de Progreso de Obregón por presuntas irregularidades en su gestión (2020-2024), mientras que, en noviembre del año pasado, el exlegislador Edgar N recibió una sentencia de cinco años por narcomenudeo.
En más de una ocasión, sus simpatizantes han protestado en Pachuca para exigir su liberación por considerar que son “presos políticos” de este sexenio; sobre estos señalamientos que surgieron nuevamente en la más reciente movilización, Olivares Reyna señaló que cuando una persona es imputada tienen múltiples oportunidades de acreditar su inocencia.
Y, en caso una vinculación a proceso incorrecta, indicó que los acusados tienen derecho de apelar la resolución o promover juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), con ello, consideró que “el estado no es monopolizador de la justicia” y que “los jueces de Hidalgo no tienen la última palabra”.
Contrario al señalamiento sobre persecución política, argumentó que si hasta el momento ha permanecido firme la acusación contra dichos exfuncionarios “es porque quizá está muy bien integrada y hay elementos para presumir la responsabilidad del imputado”.
Finalmente, ejemplificó que un caso de persecución política es el asunto del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) de la región Huasteca, donde campesinos fueron hostigados y uno de sus integrantes está recluido en un Cereso de Veracruz.
“Ese el único caso que podemos citar en el estado de Hidalgo, todo lo demás por sí solo, jurídicamente hablando, tiene una razón de ser”, concluyó.
