16 de Mayo del 2025
En el marco del CXXVII Jornada Nacional del Notariado Mexicano, se realizó un análisis sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación en torno al papel de los notarios durante las campañas y su relación con el actuar de los candidatos.
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz, Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, reconoció que este proceso ya tiene carácter constitucional; no obstante, enfatizó que aún representa cierto daño institucional, debido a que, pese a los filtros establecidos, continúa habiendo apertura para que abogados sin la experiencia necesaria accedan a estos cargos, lo cual representa un desafío para el país.
Otro de los obstáculos señalados por la magistrada es el carácter atípico de estas campañas; al no tratarse de un proceso tradicional, no pueden denominarse campañas propiamente dichas, sino una forma de promoción ciudadana orientada a lograr la elegibilidad. Esta situación, dijo, genera una problemática adicional, ya que afecta la imparcialidad del proceso al abrir la puerta al financiamiento privado, que podría influir en las resoluciones finales.
En medio de la incertidumbre de las campañas como la del llamado “juzgador chicharrón”, indicó que, si bien generan contenido y visibilidad, no garantiza que los aspirantes cuenten con la profesionalización necesaria para ejercer el cargo.
Jean Paul Huber aunó en que la propaganda impresa como trípticos, también puede ser contraproducente, ya que no siempre se fiscaliza adecuadamente, lo que podría derivar en violaciones a los propios estatutos.
Por su parte, Javier Antonio Mora Martínez reconoció que los notarios fueron partícipes de este proceso incluso desde la formación de los comités de evaluación y no descartó que existan tintes políticos dentro del mismo proceso, ya que el contexto mexicano siempre ha sido la política.
Agregó que los propios candidatos no han comprendido claramente las restricciones del proceso, pues como señaló Huber, los recursos para su promoción pueden verse comprometidos al no contar con la certeza jurídica adecuada.
El proceso
Mora Martínez explicó que, en este proceso, los notarios deberán dar fe tanto de hechos como de actividades de promoción, debido a la ausencia de representantes de casilla y la participación de observadores cuya imparcialidad podría estar en duda, lo que incrementa la responsabilidad notarial.
La magistrada subrayó que, el día de la jornada, los notarios serán el único mecanismo de seguimiento del proceso posterior, ya que no habrá intervención de otras figuras más allá de las autoridades electorales, y no se contará con un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
De acuerdo con Mora Martínez, aun cuando se convoque a los notarios, el proceso será complejo, ya que se prevé un periodo de hasta 15 días para la captura de datos. Un reto que, incluso para ellos, representa un esfuerzo inhumano.
Los ponentes concluyeron que aún queda un camino largo y confuso que pone en duda la legalidad, sin embargo, se espera que la ciudadanía elija las mejores opciones con un perfil de experiencia y que se rindan cuentas claras.
