28 de Mayo del 2025
En el marco de la elección judicial que está por efectuarse en México, ha incrementado la mención de un nuevo juzgador con “empatía social”, pero aquí es donde surge el cuestionamiento: ¿Qué características debe reunir un verdadero juzgador (juez o magistrado) para que pueda afirmarse que tiene empatía social?.
Para ello, debemos recordar que un juez o magistrado, son aquellas personas que tienen la característica inicial de ser servidores públicos, entendidos éstos, de acuerdo con la doctrina mexicana, como la persona física que desempeña un trabajo material, intelectual o físico, dentro de alguno de los poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de Derecho Público y que tiene como finalidad, la de atender una necesidad social.
De ahí que se puede concluir que un juzgador - local o federal - es la persona que tiene a su cargo la importante labor intelectual de resolver conflictos jurídicos, sometidos a su consideración por particulares o personas jurídico colectivas, con miras al establecimiento del orden y la paz social.
La anterior definición no es novedosa, pero sí lo son las cualidades que se esperan de los juzgadores que serán elegidos mediante voto ciudadano de aquí en adelante, tanto a nivel local, como federal; haciendo énfasis en un aspecto funcionalista de la labor jurisdiccional, esto es, las expectativas que la sociedad tiene, respecto del actuar de sus jueces y magistrados, no sólo a nivel de conocimientos jurídicos, sino también en su actuar diario, como referente social.
Es así, que además de las virtudes con las que ya se relacionaba el honroso cargo de juzgador, como la vocación de servicio, el carácter humanista, la prudencia y la buena conducta, se suman, a mi parecer, tres características, que derivan directamente de haber sido elegidos por el pueblo: Congruencia, Integridad y Transparencia.
La Congruencia como nueva virtud judicial, estriba en que los integrantes de la sociedad, esperan que el nuevo juzgador armonice su pensamiento con su actuar; ello porque es más que sabido que una de la prácticas más viles entre los juzgadores, era la imposición de jornadas extenuantes a sus subalternos, con el objetivo de “generar números” para una estadística decorosa.
Sin embargo, aquí surge otra pregunta ¿es válido atropellar derechos de los trabajadores judiciales para proteger los derechos de los justiciables?, para mí, la respuesta es no, porque el juez o magistrado ya no estaría actuando de manera congruente al trastocar derechos humanos para proteger otros, atentando contra el principio de universalidad de los Derechos Humanos, al priorizar o estigmatizar unos sobre otros.
Otro ejemplo, sería el caso de los candidatos que hacen proselitismo a pie de calle para la foto, pero al terminar su recorrido, o al terminar algún foro en el que justamente hablaron de sencillez y acercamiento social, se suben a su camioneta de alta gama para que su chofer los lleve a su destino, incluso en vehículos oficiales.
Por su parte, la Integridad se trata de conducirse en los ámbitos, tanto público como privado, con una actitud humilde, recta y austera, de ahí que no debe dar cabida a ninguna sospecha de su actuar dentro y fuera de los tribunales; ello porque la sociedad ya se cansó de juzgadores con complejo de superioridad, corruptos y ostentosos, pues generan una imagen alejada de lo que esperan los ciudadanos de un verdadero servidor público, peor en tiempos donde la economía no da para pagar viajes lujosos a Dubai o Qatar.
Por tanto, si algún juez o magistrado busca continuidad en el encargo, deberá decir adiós a los viajes de lujo por todo el mundo, a las puertas cerradas para el personal de “menor rango”, a sentirse el dueño del juzgado o tribunal y a no estar dispuesto a escuchar propuestas diferentes a la suya, pues resultaría un contrasentido e incluso un insulto para el pueblo que los eligió; cosa difícil para los juzgadores con una carrera judicial antigua, acostumbrados a tener la única y última palabra.
Finalmente, la Transparencia, implica que el nuevo juzgador se encuentre totalmente dispuesto a dar publicidad a sus actos, con el objeto de legitimar socialmente sus resoluciones, por lo que la expectativa social radica en que se trate de un servidor público al que cualquier ciudadano pueda tener libre acceso, sin formalismos ni burocracia, e incluso a ser cuestionado públicamente sobre algún criterio adoptado en sus resoluciones, pues este ejercicio de rendición de cuentas debe privilegiarse en todo sistema judicial que se digne de ser democrático.
Esos son, a grandes rasgos, las nuevas virtudes que deben adoptar los juzgadores electos mediante voto popular si desean ser parte del Poder Judicial ciudadano; aspectos novedosos que nada tienen que ver con la capacidad jurídica, sino con la empatía social y las expectativas que los ciudadanos - quienes cuentan ahora con la poderosa facultad de designación - tienen de sus impartidores de justicia.
En conclusión, los nuevos juzgadores deben contar con una amplia sensibilidad social, a fin de no defraudar la confianza social conferida en las urnas, como símbolo de una persona elegida por y para el pueblo.
SEMBLANZA
Allan Willebaldo Hernández Islas
Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Especialista en Derecho Penal con mención honorífica por la misma institución.
También es especialista en secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunal de Circuito (IJF). Maestro en Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal (Indepac).
