01 de Junio del 2025
Sandra Ordóñez, vocal de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, confirmó que la casilla destinada a la localidad Santa Teresa en el municipio de Yahualica quedó suspendida definitivamente, por lo que más de 6 mil personas se quedaron fuera de la elección judicial.
Por su parte, la consejera presidenta Ma. del Refugio García López añadió que los seis paquetes electorales —correspondientes a la casilla básica y contigua de la sección 1598— ya fueron resguardados con apoyo de la Guardia Nacional (GN), quien protegió a personal del INE para el aseguramiento, aunque durante el cierre no se registraron hechos violentos.
Asimismo, comentó que se reportó que algunas personas lograron votar antes del cierre, pero pobladores intentaron tomar dichos votos; sin embargo, esto aún no se confirma.
En total, de acuerdo con la lista nominal, fueron 4 mil 401 personas las que no votaron este domingo primero de junio: 2 mil 201 en la casilla básica y 2 mil 200 en la contigua.
En cuanto a la segunda casilla cerrada en Yahualica de acuerdo con el INE, por lo que son entonces 6 mil 439, sumando las 2 mil 38 personas de la localidad Mecatlán que tampoco pudieron sufragar para uno de los 30 cargos que se eligen.
Pobladores exigen obras y presupuesto
El cierre de casillas se convirtió en una protesta por parte de pobladores de dos comunidades de Yahualica. En el caso más reciente, Santa Teresa, exigen a la alcaldesa Francisca Lara la construcción de un centro de salud en dicha comunidad.
En lo que respecta a la comunidad de Mecatlán, le exigen a la edil que se les otorgue un recursos de más de 2 millones de pesos para la fiesta patronal.
La alcaldesa fue retenida en múltiples ocasiones por los pobladores para que respondan a sus necesidades, sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer un posicionamiento ni una resolución entre las partes.
Posibles sanciones por impedir voto
Respecto a la legalidad de los actos de las comunidades, García López señaló que el impedimento al voto constituye un delito electoral, por lo que será el área jurídica la encargada de determinar las sanciones correspondientes, por vulnerar el derecho al sufragio.
