03 de Junio del 2025
PACHUCA. –César N, el excontralor en proceso de deportación de Estados Unidos a Hidalgo para enfrentar cargos por presunto desvío de recursos, no presentó cuatro declaraciones de situación patrimonial y de intereses mientras fue funcionario público.
Un expediente que el 24 de enero de 2025 emitió la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, explica los motivos que derivaron en la inhabilitación de este ex servidor público que colaboró durante el sexenio pasado que encabezó Omar Fayad Meneses, actual embajador de Noruega.
La resolución SC/DGRA/DR/2024/PRA495 detalla que César N no informó su patrimonio correspondiente a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, tampoco el de los años 2021 y 2022, que fue cuando concluyó encargo al frente de la Contraloría local.
El proceso administrativo en su contra comenzó a partir del 19 de septiembre de 2024 (dos años después del cambio de administración estatal), para el 21 de octubre de ese mismo año, César N fue citado a una audiencia, pero no se presentó.
El exfuncionario estatal tenía la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial como lo establecen los artículos 32 y 33, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, numerales que establecen que todos los servidores públicos, sin distinción de cargo puesto o nivel jerárquico deben cumplir con transparentar dicha información.
Incluso en la resolución se consignó que dicha omisión no podía considerarse como "un simple descuido, sino un incumplimiento trascendental e inexcusable de sus deberes legales, en contravención a los principios de legalidad honradez lealtad imparcialidad y eficiencia que rigen la función pública".
César N, detenido en Miami, Florida el pasado miércoles 28 de junio. Se desempeñó como secretario de la Contraloría del Estado de Hidalgo del 26 de julio de 2018 al 2 de septiembre de 2022.
"Al ocupar un puesto de alto nivel dentro de la administración pública, tenía un deber reforzado de diligencia y apego a la normatividad vigente, lo que implica que su actuar debía ser un ejemplo de legalidad transparencia y rendición de cuentas para el resto de los servidores públicos a su cargo y la ciudadanía en general", establece la resolución.
En el documento también se consignó que dicho incumplimiento "no solo trasgredió sus obligaciones individuales como servidor público, sino que también menos cabo la confianza en la institucionalidad y el correcto desempeño de la función pública".
La inhabilitación contra Cesar N concluye el 21 de febrero de 2026.
