17 de Junio del 2025
Integrantes del grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Hidalgo presentaron una iniciativa para garantizar la seguridad, integridad física y derechos fundamentales de los usuarios y operadores del transporte público.
El diputado Avelino Tovar destacó que la sociedad ha manifestado que trasladarse en transporte público genera miedo e indiferencia: “En Hidalgo, subirse a una combi, un taxi o a un autobús, para muchas personas, desafortunadamente, es lanzarse a lo desconocido”, comentó.
Señaló que la violencia en este sector se ha normalizado, y que solo se le presta atención cuando un video se vuelve viral o el asfalto se mancha de sangre. “Y lo peor —añadió— es que preocupa solo por un momento, hasta que otro evento vuelve a salir a la luz”.
Por ello, explicó que el grupo parlamentario del PVEM presentó una propuesta estructurada que reforma la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, así como la Ley de Transporte y Movilidad, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los usuarios.
Entre las medidas planteadas, se propone que los tarjetones de los conductores incluyan un código QR que cualquier persona pueda escanear para verificar la identidad del operador, su historial legal y la vigencia de sus licencias.
Asimismo, se establece que se suspenderá el tarjetón a quienes conduzcan bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias psicotrópicas, o a quienes incurran en actos de violencia como riñas, amenazas a usuarios u otros operadores.
La suspensión del tarjetón podrá ir de 72 horas hasta seis meses, dependiendo de la gravedad del caso.
También se propone que la expedición de tarjetones esté condicionada a la acreditación de cursos obligatorios con contenidos en conducción responsable, prevención de violencia de género, primeros auxilios y protocolos ante situaciones de riesgo.
La vigencia de los tarjetones será de un año, y su renovación dependerá de no haber incurrido en sanciones. “No basta con pagar el trámite; hay que cumplir con un servicio ético y profesional”, puntualizó Tovar.
Finalmente, indicó que si incurren en algún delito grave, se de facultad a la autoridad para suspender o revocar de manera definitiva el tarjetón, tras el debido procedimiento legal.
El legislador subrayó que no se trata de perseguir a los operadores, sino de proteger a quienes hacen bien su trabajo y de dotar al Estado de herramientas para actuar en el momento, antes de que ocurra una tragedia.
