17 de Junio del 2025
La diputada Claudia Lilia Luna Islas presentó una iniciativa ante el Congreso de Hidalgo con el fin de establecer las bases normativas que permitan implementar el trabajo remoto en el sector público, respetando en todo momento los derechos laborales.
La legisladora señaló que la iniciativa responde a la necesidad concreta de adaptar las normas laborales a los avances tecnológicos y a las nuevas realidades sociales.
El trabajo remoto, también conocido como home office, ha dejado de ser una medida emergente y hoy representa una vía efectiva para mejorar la administración pública, favorecer la inclusión y proteger los derechos laborales, sin comprometer la eficiencia ni la calidad del servicio.
Luna Islas indicó que esta modalidad fue adoptada durante la pandemia de COVID-19, de forma inesperada por muchas personas funcionarias públicas.
“Esta experiencia evidenció que muchas actividades administrativas pueden desempeñarse de manera eficaz desde otros espacios”, expresó.
Según datos del INEGI, al menos el 23.5 por ciento de los trabajadores formales en México realizaron sus labores desde casa durante la contingencia. Lejos de reducir la productividad, en muchos casos esta se incrementó.
En respuesta a ello, el gobierno federal reformó la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el capítulo XII Bis, relativo al teletrabajo, donde se define su estructura y se garantiza esta modalidad laboral. Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que esta forma de empleo promueve la inclusión de personas con discapacidad.
Estados como Jalisco, Nuevo León y el Estado de México ya han regulado el trabajo remoto a través de sus congresos locales y han emitido lineamientos para su implementación.
En el caso de Hidalgo, aunque el trabajo remoto fue una opción durante la pandemia, actualmente no existe ninguna disposición legal que reconozca esta modalidad para los trabajadores al servicio del gobierno estatal o municipal.
La legisladora destacó que la falta de regulación ha dejado en situación de vulnerabilidad a quienes podrían beneficiarse de este sistema. Además, la ausencia de un marco normativo limita la planeación institucional y deja a los trabajadores sin certeza jurídica.
Por ello, la iniciativa propone agregar un artículo 13 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como a los órganos descentralizados del estado.
La jornada laboral deberá establecerse conforme a lo que estipula la ley, garantizando la disponibilidad y el cumplimiento de las responsabilidades por parte del trabajador durante el horario ordinario correspondiente.
Los lineamientos serán definidos por cada institución y estarán enfocados, preferentemente, en personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad, encargadas del cuidado de menores o adultos mayores, o que padezcan enfermedades crónicas. No obstante, quienes lo deseen podrán continuar desempeñando sus funciones de forma presencial.
Esta modalidad no implicará una reducción salarial ni afectará las prestaciones, los derechos adquiridos o la antigüedad laboral del trabajador.
