18 de Junio del 2025
El diputado Marco Mendoza propuso adicionar artículos a la Ley de Seguridad Pública con el objetivo de evitar abusos de autoridad, garantizar la protección de los derechos humanos y asegurar que el uso de la fuerza sea legítimo y proporcional.
De acuerdo con el legislador Mendoza Bustamante, la iniciativa busca que la ley defina con claridad qué es la fuerza, para establecer límites y responsabilidades precisas para los cuerpos policiacos y de seguridad. Esto, con el fin de prevenir su uso arbitrario y fomentar la confianza ciudadana en las instituciones.
“Una definición precisa establece límites al uso de la fuerza pública, permitiendo evaluar y sancionar su uso indebido conforme a la ley, y responsabilizando a quienes excedan sus facultades. Sujetar el uso de la fuerza al Estado de Derecho garantiza que se realice dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos”, señaló.
Explicó que la fuerza pública se refiere al conjunto de instituciones estatales encargadas de mantener el orden público, la seguridad ciudadana y la defensa del territorio, actuando bajo el imperio de la ley. Es, dijo, el brazo armado y policial del Estado, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y hacer cumplir las leyes.
El diputado subrayó que el abuso de la fuerza no es un fenómeno inevitable, sino que puede prevenirse y combatirse mediante reformas institucionales, capacitación adecuada, mecanismos de control, rendición de cuentas y una visión centrada en el respeto a los derechos humanos.
“Sin duda, la seguridad pública debe ser una prioridad de las políticas públicas de nuestro país y del estado”, concluyó.
Casos recientes en Hidalgo generan debate sobre el uso de la fuerza pública
En Hidalgo, durante la actual administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, se han viralizado al menos cuatro casos relacionados con el uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad, principalmente en contextos de protesta social y desaparición de personas.
Uno de los hechos más comentados ocurrió el 13 de diciembre de 2024, cuando habitantes de las colonias Pitahayas, Parque Esmeralda, Haciendas de Hidalgo, Las Torres y La Herradura bloquearon el bulevar Santa Catarina para manifestarse en contra de la construcción de un albergue infantil para migrantes. Argumentaban un posible aumento en la delincuencia y afectaciones a la imagen urbana, además de que el gobierno debía priorizar las necesidades locales. La protesta fue disuelta por un grupo de granaderos, lo que generó indignación en redes sociales.
Otro episodio significativo tuvo lugar durante la marcha del 8 de marzo (8M), cuando elementos de seguridad rociaron gas a las manifestantes, bajo el argumento de mantener el orden público. También se reportaron agresiones contra periodistas que cubrían los hechos y la detención de tres personas, quienes presuntamente habrían iniciado disturbios e intentado incendiar las vallas del Palacio de Gobierno. Los hechos suscitaron un intenso debate en redes sociales.
El 6 de abril de 2025, habitantes del municipio de Zempoala bloquearon la carretera México–Pachuca para exigir avances en la localización de Areli Zitlali, desaparecida desde el 30 de marzo. A pesar de que se trataba de una protesta pacífica de menos de 30 personas —incluyendo menores de edad—, unos 200 elementos policiales llegaron para disolverla mediante el uso de la fuerza.
El caso más reciente ocurrió el 5 de junio de 2025, cuando familiares de una menor de 12 años identificada como Abril N., del municipio de Zapotlán de Juárez, se manifestaron para exigir justicia por su desaparición. En respuesta, fueron desalojados por elementos estatales, quienes emplearon la fuerza para despejar la vía.
En múltiples declaraciones, el gobernador Julio Menchaca ha justificado estas acciones señalando que se busca garantizar el Derecho de Vía, ya que, en varias ocasiones, se ha reportado que médicos y pacientes quedan atrapados en el tráfico durante las manifestaciones y requieren atención urgente. Sin embargo, lo que más ha molestado a la ciudadanía es la falta de sensibilidad de altos funcionarios ante los casos de desapariciones, así como la respuesta represiva frente a las demandas legítimas de la población.
