24 de Junio del 2025
El adulterio ya no se considera un delito; sin embargo, el Código Civil del estado de Hidalgo aún establece en su artículo 1297 que el cónyuge declarado adúltero y su coautor no pueden heredar, ya sea por testamento o por sucesión intestada. Por esta razón, el diputado Arturo Gómez presentó una iniciativa para derogar dichas fracciones.
Según el legislador, esta modificación forma parte de un proceso de armonización legal que busca alinear las leyes civiles con los principios constitucionales y los estándares actuales en materia de derechos humanos.
“La norma que se pretende derogar responde a una visión jurídica superada, en la que se imponían consecuencias legales a conductas de carácter estrictamente personal de la vida conyugal”, argumentó Gómez durante la presentación de la propuesta.
La propuesta, dijo el diputado, apoya en la evolución del Derecho Civil, particularmente en el ámbito familiar, donde las estructuras sociales han cambiado significativamente. Las relaciones afectivas ya no se ajustan a moldes tradicionales, y muchos vínculos de pareja —con o sin matrimonio legal— no pueden medirse bajo reglas absolutas ni juicios morales.
“El adulterio ha dejado de ser un delito en el sistema penal. Las decisiones sobre la sucesión deben fundarse en la voluntad del testador o, en su defecto, en las reglas objetivas del derecho intestamentario”, subrayó.
En este contexto, mantener restricciones sucesorias basadas en la vida íntima de las personas, comentó que carece de justificación jurídica. Además, advirtió que el legislador no debe actuar como árbitro moral imponiendo sanciones por conductas personales que ya no constituyen infracciones legales.
Subrayó que en el fondo de la iniciativa es claro modernizar el Derecho Civil, eliminar normas basadas en prejuicios y garantizar el respeto a principios como la igualdad ante la ley, la vida privada, la autonomía de la voluntad y la dignidad humana.
“Este es un paso más para consolidar un Derecho Civil que refleje las transformaciones sociales y sea coherente con los principios constitucionales, poniendo a las personas en el centro, sin juicios ni estigmas”, concluyó.
