25 de Junio del 2025
Tras más de diez horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una nueva Ley de la Guardia Nacional. El dictamen contó con 349 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones en lo general, y 351 a favor y 124 en contra en lo particular.
La nueva ley transforma a la Guardia Nacional en una fuerza de seguridad pública permanente, integrada por personal militar con formación policial, bajo control directo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La iniciativa, presentada por la presidenta de la República, abroga la ley vigente desde mayo de 2019 y se adecúa a la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024. Además de expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional —que consta de 96 artículos divididos en siete títulos—, el dictamen modifica varias disposiciones de leyes relacionadas con el Ejército, la Fuerza Aérea y el sistema de justicia militar.
El objetivo principal de la nueva legislación es regular la organización, principios, atribuciones, estructura jerárquica y coordinación de la Guardia Nacional con entidades federativas y municipios. También busca fortalecer su carácter profesional y permanente, marcando un giro decisivo hacia su integración definitiva al ámbito militar.
Durante la discusión en lo particular, se aceptaron diversas reservas que incorporan nuevas dimensiones al funcionamiento de la corporación. Una de ellas, impulsada por la diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena), introdujo ajustes de técnica legislativa para evitar ambigüedades y duplicidades.
Una de las reformas más destacadas fue propuesta por el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), quien logró incluir en la ley una facultad explícita para que la Guardia Nacional participe en la protección de los recursos naturales y en la prevención y combate de delitos ambientales. La nueva disposición permitirá que, en coordinación con autoridades competentes, la corporación actúe contra la tala ilegal, el tráfico de especies y la degradación ambiental, bajo principios de respeto a los derechos humanos y protección ecológica.
Otra modificación relevante fue presentada por la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), quien propuso reformar la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea para incluir que la formación de la Guardia Nacional deberá centrarse en la seguridad pública con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad. Esto, explicó, permitirá respuestas más sensibles y justas frente a situaciones de vulnerabilidad por edad, género o discapacidad.
Cruz Jiménez subrayó que estos elementos ayudarán a desmantelar estereotipos y prejuicios dentro de las fuerzas de seguridad, promoviendo un trato igualitario y respetuoso hacia todas las personas.
Por su parte, previo a la sesión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó durante su conferencia, que una de las críticas más fuertes de la reforma, es que un elemento de la Guardia Nacional puede competir para un cargo público pidiendo licencia.
Destacó que esto ya viene desde la Constitución del 17—específicamente en el artículo 55 fracción IV—, sin embargo, no consideraba a la Guardia Nacional porque no existía. “Se está haciendo similitud entre elementos de la Guardia Nacional y el Ejército”, comentó.
Ante ello, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Arturo Coronel Flores detalló que existen cuatro tipos de licencias, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, donde se contemplan la licencia ordinaria: que se concede a miembros del ejército y fuerza aérea para resolver asuntos de carácter personal por una tiempo máximo de seis meses.
La segunda es por tiempo ilimitado, que otorga separación del cargo a militares por más de seis meses y sin goce de deberes.
La licencia especial, de la Reforma, concedida a militares para cargos de elección popular sin goce de deberes.
Y la última, es la licencia por edad límite, que consiste cuando militares llegan casi al final de su carrera y tengan 30 años de servicio: con base a un tabulador que señala de un mes hasta un año para preparar su transición de la vida militar a la civil.
Finalmente, la presidenta de la república señaló que con esto se busca reducir la impunidad y pueda tener las capacidades que requiere el Estado mexicano para detener a un presunto delincuente: “será el juez quien determine su culpabilidad o no, a partir de las pruebas que presente el Ministerio Público, ayudado por este gran sistema”.
