09 de Julio del 2025
La diputada Cynthia Citlali Delga do Mendoza, del grupo legislativo de Morena, presentó la iniciativa que modifica la Ley de Educación Superior del Estado de Hidalgo, con el fin de establecer un mecanismo legal, vinculante y obligatorio que garantice de manera efectiva el acceso equitativo a la educación superior para todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Desde tribuna, la legisladora recordó que, en Hidalgo, el acceso a la educación superior ha estado marcado por la exclusión sistemática de sectores sociales que han enfrentado múltiples formas de discriminación. “En este país y en nuestro estado sabemos que no todas las personas han tenido las mismas oportunidades. Sabemos que hay estudiantes que pese a su esfuerzo, talento y legítimo deseo de estudiar, enfrentan barreras que los relegan, que no son fortuitas, sino estructurales”.
Aseguró que no es casual que las universidades registren baja representación de personas indígenas, mujeres con discapacidad, jóvenes migrantes o de quienes se reconocen como parte de las comunidades afro mexicanas, “consecuencia directa de un modelo educativo que durante décadas ignoró la diversidad del pueblo al que debería servir”.
Por tanto, la reforma busca garantizar condiciones mínimas de equidad para que el derecho a la educación superior pueda ejercerse sin barreras impuestas por el origen étnico, la condición migratoria o la discapacidad. “Lo que proponemos es una medida concreta, justa y necesaria para avanzar hacia un sistema educativo incluyente, como lo exige el proyecto de transformación que la mayoría del pueblo mexicano decidió emprender”, precisó.
Esta iniciativa propone que las instituciones del Sistema Estatal de Educación Superior reserven un porcentaje no menor al 10 por ciento de su matrícula escolar para personas en situación de vulnerabilidad, priorizando a mujeres con discapacidad, personas migrantes, así como miembros de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
“No buscamos un trato especial ni privilegios, lo que queremos es equidad real, porque cuando no se parte del mismo lugar, cuando la historia ha sido desigual, cuando los obstáculos han sido más altos para unos que para otros, entonces dar lo mismo a todos no es justo. Esta acción afirmativa que propone es una herramienta jurídica para empezar a nivelar el terreno. La propuesta está profundamente fundamentada, no se basa en buenas intenciones, sino en datos concretos, diagnósticos claros y compromisos legales, nacionales e internacionales”, insistió la diputada.
Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Ins tituciones de Educación Superior 2023-2024, de los más de 117 mil estudiantes en el nivel superior en el estado, apenas 4 mil 403 son indígenas y mil 603 presentan alguna discapacidad. “Estos números no solo revelan desigualdad, también oportunidades desperdiciadas. ¿Cuántos jóvenes brillantes se han quedado sin estudiar por no tener acceso, por no contar con acompañamiento, ser víctimas de prejuicios o carecer de documentos? ¿Cuántas mujeres con discapacidad han visto truncado su derecho a aprender y a desarrollarse profesionalmente? ¿Cuántas personas migrantes han sido excluidas por no acreditar su escolaridad previa?”.
Además, la legisladora recordó que el Estado debe garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad sustantiva. “Además, la iniciativa no genera un impacto presupuestal, no requiere nuevos edificios, ni plazas docentes, ni fondos extraordinarios, solo voluntad, que las instituciones del Sistema Estatal de Educación Superior revisen y adecúen sus criterios de ingreso para quienes han sido excluidos”.
Por último, subrayó que esta iniciativa es un acto de congruencia, acción concreta, un paso firme para que la educación superior deje de ser un privilegio para unos cuantos y empiece a ser un derecho ejercido por todas y todos. “Esta reforma reconoce que el talento no tiene color de piel, ni idioma materno, ni condición social, pero que el acceso al sistema muchas veces sí lo tiene”.
