De la marcha a las urnas y de las urnas a las curules

En México, la historia de los derechos político-electorales ha sido, en buena medida, una lucha por el reconocimiento. Las calles han sido testigo del clamor de miles de personas que, durante décadas, alzaron la voz por condiciones de igualdad, justicia y representación. Desde los movimientos de mujeres hasta los levantamientos de pueblos originarios, pasando por las demandas de personas con discapacidad, comunidades afrodescendientes y disidencias sexuales, el tránsito hacia el ejercicio pleno de estos derechos ha estado marcado por atropellos, resistencia y esperanza.

La política ha estado marcada por tensiones entre la representación formal y la participación real. Se dice que vivimos en un país representativo, pero por mucho tiempo las decisiones se tomaron solo por el modelo hegemónico de poder: élites de hombres blancos, cis género, privilegiados. Hoy, esa narrativa está cambiando.

Ser sujeto de derechos en un país con profundas deudas sociales, políticas y económicas ha implicado caminar un largo trayecto lleno de obstáculos. Para las poblaciones históricamente excluidas, participar en la vida pública no ha sido una concesión del poder, sino una conquista ganada con fuerza y decisiones valientes. Detrás de cada derecho reconocido hay una historia de resistencia: medios de impugnación llevados a tribunales, marchas a veces incipientes y otras de manera multitudinaria, incluso silencios obligados por el miedo. Y, a pesar de todo, la esperanza no ha dejado de impulsarnos.

La democracia no es un estado permanente, sino un proceso en constante construcción. En su corazón se encuentra la representación política, y esta sólo puede ser legítima si refleja la diversidad del país. De ahí que la función del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo no se reduzca únicamente a organizar elecciones limpias y transparentes, sino que también incluye fomentar la inclusión y garantizar que las curules, los cargos públicos y los espacios de toma de decisiones estén abiertos para todas las voces.

Reconocer los derechos de las mujeres, por ejemplo, implica más que abrirles las puertas a los espacios políticos: significa reconocer todas las formas de ser mujer. Mujeres trabajadoras, madres, niñas, adolescentes, lesbianas, trans, afrodescendientes, hablantes de lenguas originarias, adultas mayores… todas deben ser consideradas en su especificidad. El concepto de interseccionalidad es clave aquí, pues nos permite ver cómo se entrelazan las distintas formas de discriminación que limitan el acceso a los derechos.

El IEEH ha entendido esta complejidad y ha comenzado a traducirla en acciones concretas: lineamientos para garantizar la paridad, acciones afirmativas para grupos de atención prioritaria, y una vigilancia permanente para que la representación no sea sólo simbólica, sino sustantiva. 

En su función arbitral, estos órganos han enfrentado críticas y resistencias. Pero también han tomado decisiones valientes, muchas veces impopulares, que han permitido reconfigurar quiénes pueden ejercer el poder y cómo se distribuye. 

Vivir en democracia y hacer democracia implica construir instituciones todos los días. Es una tarea que exige visión de futuro, responsabilidad en el presente y una comprensión clara del pasado. No estaríamos donde estamos sin las luchas de quienes nos antecedieron, sin sus pasos en las calles, sin sus demandas en las plazas públicas, sin sus batallas jurídicas.

Las y los trabajadores del IEEH son parte fundamental del engranaje democrático. Su compromiso cotidiano, su profesionalismo y su convicción hacen posible que las elecciones sean no sólo procedimientos técnicos, sino también actos de afirmación de derechos. Son ellos y ellas quienes abren paso a nuevas formas de representación, quienes defienden la legitimidad del sufragio y quienes vigilan que la voluntad popular no sea secuestrada.

Asumir el compromiso con una representación política verdaderamente incluyente implica enfrentar desafíos profundos y persistentes. En el mes del Orgullo, es imprescindible visibilizar que las personas LGBT+ aún encuentran múltiples barreras para acceder a cargos públicos, desde la discriminación sistemática hasta la falta de acciones afirmativas  sostenidas. Esto exige voluntad política, normativas claras y una vigilancia constante desde las instituciones electorales. Las acciones deben ser afirmativas, pero también transformadoras: no basta con abrir espacios si no se garantiza que quienes los ocupen puedan ejercer sus funciones libres de violencia, estigmas y prejuicios. Las juventudes, por su parte, siguen enfrentando estigmas que las tachan de inexperiencia o desinterés, cuando en realidad han sido motor de cambio en causas sociales, ambientales y de justicia. Su inclusión en la toma de decisiones no es una concesión, es una urgencia democrática.

Asimismo, la deuda histórica con los pueblos y comunidades originarias sigue pendiente, especialmente en lo que respecta a la consulta previa, libre e informada para decisiones que impacten su vida política y social. La representación de estas comunidades no puede limitarse a cuotas simbólicas: debe estar basada en el respeto a sus formas de organización, a sus sistemas normativos y a su autonomía.

Las personas adultas mayores, por su parte, enfrentan formas sutiles, pero graves de exclusión en la vida política. Envejecer no debería significar perder el derecho a decidir y a ser parte activa del presente. 

Del mismo modo, las personas con discapacidad enfrentan entornos inaccesibles, no sólo físicos, sino también normativos y culturales, que limitan su participación política. La representación incluyente no puede ser selectiva ni parcial: debe abarcar todas las voces que han sido históricamente relegadas. El reto institucional es enorme, pero también lo es la oportunidad de seguir construyendo una democracia que verdaderamente represente a todas las personas.

Más allá del acto de votar, el IEEH tiene la responsabilidad de construir ciudadanía desde lo local, con una visión incluyente y transformadora. La inclusión no se agota en el voto, se construye todos los días, en cada espacio donde se forma, se escucha y se decide.

Actualmente se lleva a cabo el proceso de selección de consejerías electorales en 19 entidades, entre ellas, Hidalgo, esta trama trasciende lo administrativo: es una decisión de fondo sobre el tipo de democracia que visualizamos en el horizonte. El INE, al establecer fases rigurosas y criterios que priorizan la capacidad, la independencia y la sensibilidad social, busca garantizar que lleguen los mejores perfiles, no sólo en términos técnicos, sino también humanos. Porque quienes integran los órganos electorales no sólo organizan elecciones: resguardan derechos, abren caminos para la inclusión y garantizan que la voluntad popular se exprese con libertad y sin exclusiones. De sus decisiones depende el trayecto que va de la marcha a las urnas y de las urnas a las curules. Elegir bien, con responsabilidad y visión de futuro, es honrar las luchas históricas por la representación y asegurar que cada voz cuente.

SEMBLANZA

 

Blanca Vargas Martínez es originaria de la comunidad de Santa María Asunción, Tulancingo, Hidalgo. Politóloga feminista con más de una década de experiencia en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la participación política de comunidades históricamente en situación de marginación.

Actualmente se desempeña como subdirectora de Equidad de Género y Participación Ciudadana en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, desde donde ha liderado procesos clave como la verificación de pertenencia indígena, la organización de consultas comunitarias y la construcción de normativas con perspectiva de género.

Su trayectoria combina el activismo, la producción de publicaciones sobre representación política de mujeres indígenas y legislación con enfoque de género. Ha sido ponente en foros locales, nacionales e internacionales, y su compromiso con la justicia social se refleja en cada espacio que ocupa, impulsando una democracia más inclusiva y paritaria.

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