15 de Julio del 2025
“Vivimos en un mundo al revés, donde los culpables están libres y los inocentes, encarcelados”, fueron las palabras de Martiniano V.O., ex oficial mayor del estado de Hidalgo, al ser sentenciado a 12 años de prisión por el delito de peculado agravado en perjuicio del erario público, luego de casi dos meses de debate.
Durante el juicio, Martiniano V.O. fue responsabilizado por el desvío de recursos a una empresa fantasma denominada Remaco Servicios Empresariales S.A. de C.V., por un monto de 18 millones 248 mil 206.96 pesos. Dichos recursos correspondían a la supuesta compra de 34 mil 358 litros de crema antiséptica para prevenir el virus SARS-CoV-2 durante la pandemia.
Los jueces a cargo del caso fueron Diana Villarreal Quintero, Hibels José Luis Crespo García y Miguel Ángel Galindo Nájera.
El debate comenzó el 28 de mayo y concluyó el 8 de julio. Desfilaron 14 testigos, presentados por las agentes del Ministerio Público, los días 28 de mayo, 12, 18, 26 de junio y 8 de julio. Entre ellos se encontraban el actual coordinador jurídico del Gobierno del Estado, Raúl Serret Lara, y Víctor Eloy P.O. (este último nunca acudió).
En la audiencia de apertura se informó que los insumos jamás llegaron a los almacenes estatales ni fueron distribuidos en los 84 municipios como se había asegurado. Aunque existía un contrato firmado con Remaco, la empresa no tenía un domicilio físico, y según el Ministerio Público, se violaron protocolos de contratación pública bajo el argumento de una pandemia que, para entonces, “ya se encontraba controlada”.
TESTIGOS CLAVE
Los testigos, confirmaron que Martiniano V.O. era el titular de la Oficialía Mayor, aunque ninguno lo señaló como principal responsable. Incluso, el encargado del almacén estatal declaró que Víctor Eloy Porras Oaxaca (ya sentenciado y en libertad porque accedió a un proceso abreviado), exdirector de Recursos Materiales, le ordenó fabricar documentación apócrifa para sustentar el contrato con Remaco y la entrada de la crema antiséptica.
El agente investigador Eufracio Sánchez Hernández declaró que la empresa Remaco no existía ni en el domicilio ubicado en Boulevard Las Palmas San Antonio El Desmonte, ni en San Cayetano, donde supuestamente se hallaba otra sede. Vecinos de ambas zonas confirmaron que jamás hubo rastro de dicha empresa.
El 13 de octubre de 2023, se realizó una inspección en el almacén estatal. Se constató que el material supuestamente adquirido nunca llegó, a pesar de que existían registros de entrada y salida. Para confirmar la distribución, se enviaron oficios a los 84 municipios del estado; únicamente 30 ayuntamientos respondieron, todos indicando no haber recibido los insumos.
El contrato número 005/2022 fue firmado por Martiniano V.O., Víctor Eloy Porras Oaxaca y Luis Alberto Monroy Villalobos, representante legal de Remaco. Según el encargado del almacén, fue obligado por Porras Oaxaca a participar en el contrato bajo amenaza de perder su empleo. Aunque presentó un audio como prueba, el cual, fue rechazado por el Ministerio Público.
Otra testigo relevante fue María del Carmen N.N., contralora interna. Señaló que la autorización para los recursos extraordinarios se emitió el 16 de enero de 2022, pero el contrato se firmó dos días antes, el 14 de enero. Es decir, se pactó sin contar aún con el presupuesto aprobado.
Su tarea fue verificar si los recursos se aplicaron conforme a la normativa. Concluyó que no fue así: se realizó un pago a Remaco por 18 millones 248 mil 606.96 pesos sin que se entregara el producto. También señaló que tuvo acceso al contrato de compra, que incluía 34 mil 358.12 litros de crema a un precio de 467.67 pesos por litro, y al oficio de solicitud de recursos por 76 millones 914 mil pesos, en parte destinados a productos médicos. Esta solicitud fue firmada por Verónica Vizzuet, coordinadora de Planeación Financiera.
De acuerdo con el testimonio, la Oficialía Mayor, era responsable de la eficiencia en la aplicación del gasto y debía rendir cuentas del dinero autorizado.
También, se encontraron facturas y transferencias a BBVA, Banco del Bajío, Citibanamex, Banco Azteca, entre otros, y se confirmó que no hubo licitación, lo que se justificó por la emergencia sanitaria. El comité que autorizó esta excepción estuvo integrado por Francisco Lugo, Eduardo Alonso Chávez, Ezequiel Moreno Pérez y Édgar Marroquín.
ERRORES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Por su parte, el abogado defensor, Adrián Vargas González, argumentó que los testigos solo demostraron que Martiniano V.O. ocupaba el cargo, pero no que fuera autor material de los desvíos. Afirmó que la responsabilidad correspondía a Víctor Eloy Porras Oaxaca, quien nunca compareció ante el tribunal.
Tras el desistimiento del MP de presentar a Porras Oaxaca, la defensa ofreció una prueba superviniente: la sentencia condenatoria emitida por el juez Luis Raúl González Becerra contra Porras Oaxaca, dentro de un procedimiento abreviado. No obstante, el Tribunal de Enjuiciamiento no aceptó la comparecencia del juzgador y la defensa declinó su interés.
Uno de los argumentos de la defensa fue que el dinero nunca ingresó a las cuentas personales de Martiniano V.O., por lo que no debía imputarse directamente el peculado. El Ministerio Público insistió en que el delito fue cometido a través de terceros e incluso señaló un posible fraude empresarial.
Por este argumento y otros errores detectados de las agentes del MP como: cambiar el enfoque penal a uno civil y administrativo, no pudieron presentar a testigos clave, incluyeron pruebas fuera de tiempo y señalaron responsabilidades de manera inconsistente, la jueza Diana Villarreal Quintero tuvo que llamarles al orden.
Por su parte, el juez Miguel Ángel Galindo Nájera coincidió con la defensa, advirtiendo que las agentes del MP actuaron con falta de preparación jurídica y que presentaron pruebas de forma desorganizada y con tecnicismos improcedentes.
“Su forma de extraer información fue deplorable. Este tipo de tecnicismos pueden inferir que corresponde a otro órgano”, expresó el juez.
SENTENCIA
Tras analizar las pruebas, el juez de control concluyó que Martiniano V.O. era responsable del delito de peculado agravado, al causar un daño doloso al erario público. Como funcionario, tenía plena conciencia de sus actos. Por ello, se le retiraron también sus derechos políticos.
Y aunque el Ministerio Público solicitó una pena de 18 años y 8 meses de prisión, además de una multa de 666 UMAs, equivalentes a 64 mil 082.52 pesos, y el doble del daño económico, es decir, 36 millones 497 mil 213.92 pesos, éste fue negado.
La defensa alegó que esta petición era desproporcionada y basada en criterios subjetivos como la profesión del imputado.
Finalmente, el Tribunal dictó una sentencia de 12 años de prisión, multa de 44 mil 838.52 pesos y una reparación del daño por 14 millones 802 mil 904.59 pesos, única cantidad que se logró comprobar que fue transferida del erario estatal a Remaco.
En su última intervención, Martiniano V.O. reiteró su inocencia: “Llevo dos años en prisión por algo que no hice y los verdaderos culpables están afuera. Parece que vivimos en un mundo al revés, donde los culpables andan sueltos y los inocentes, presos”, concluyó.
