17 de Julio del 2025
Este miércoles 16 de julio fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) diversas reformas legales que reconfiguran el marco normativo en temas como desapariciones, seguridad pública, identidad, telecomunicaciones, medio ambiente y gestión presupuestaria.
Las reformas, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, buscan fortalecer las instituciones del Estado mexicano, mejorar la coordinación entre órdenes de gobierno y facilitar el acceso de la ciudadanía a servicios gubernamentales.
En materia de desapariciones, se modificó la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, contemplando la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y la difusión a nivel nacional de reportes de búsqueda. También se establece el Centro Nacional de Identificación Humana, que otorgará certeza jurídica sobre cuerpos o restos humanos en resguardo de las fiscalías.
Por otra parte, se reformó la Ley General de la Población para dar paso a una Plataforma Única de Identidad basada en datos biométricos, con el objetivo de facilitar una identificación confiable para las autoridades, con implicaciones en servicios, seguridad y gobernabilidad.
En cuanto a la Guardia Nacional, su adscripción pasa formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y se autoriza a militares a participar en cargos de elección popular. Esta reforma también obliga a los elementos de esta corporación a actuar con objetividad, priorizando la seguridad nacional y evitando conductas delictivas o faltas administrativas.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ahora contempla una capacitación más rigurosa para las corporaciones de seguridad y establece la obligación de garantizar la paridad de género, incluyendo a ministerios públicos, cuerpos de seguridad ciudadana y la Guardia Nacional. Además, se refuerza la coordinación entre los tres órdenes de gobierno mediante mesas de paz, comunicación permanente y colaboración con el Poder Judicial Federal.
La recién publicada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia establece mecanismos de coordinación entre instituciones de seguridad pública con el objetivo de anticiparse a generadores de violencia. No obstante, ha generado controversia al prever que las autoridades podrían acceder a datos personales sin necesidad de autorización judicial, lo que ha despertado preocupaciones en torno a la privacidad.
En el ámbito financiero, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, junto con una reforma al artículo 400 bis del Código Penal Federal, busca blindar al sistema financiero frente a operaciones sospechosas. Se refuerza la coordinación interinstitucional para la detección y persecución de delitos financieros y la desarticulación de estructuras económicas de organizaciones delictivas.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria fue modificada para establecer nuevos topes y reglas en la programación del gasto público, fortaleciendo mecanismos de control para prevenir desvíos presupuestales. A su vez, la Ley General de Contabilidad Gubernamental redefine plazos y obligaciones en la presentación de informes, unificando criterios para el registro de activos públicos.
En el ámbito ambiental, se reformó la Ley General de Vida Silvestre para prohibir el aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos y primates, salvo en casos científicos o de conservación. La nueva normativa establece mayores restricciones en su posesión, reproducción y uso, priorizando su protección y trato digno.
Se publicaron también cambios a diversas leyes del sector ferroviario, como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley General de Bienes Nacionales. Estas reformas tienen como objetivo modernizar el sistema ferroviario, restablecer la rectoría del Estado, crear un nuevo organismo regulador autónomo y promover proyectos prioritarios como los trenes interurbanos de pasajeros y carga, fomentando la competitividad y reduciendo las emisiones derivadas del transporte carretero.
En cuanto a la simplificación administrativa, la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos propone digitalizar, homologar y reducir trámites públicos, eliminar duplicidades y costos innecesarios, mejorar la experiencia ciudadana mediante tecnología, interoperabilidad y ciberseguridad, e impulsar la transformación digital de los tres órdenes de gobierno.
Finalmente, una de las reformas más debatidas fue la relacionada con la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se plantea la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el uso de redes 5G y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta instancia gestionaría los tiempos del Estado a través de la Secretaría de Gobernación, permitiría a radios comunitarias cobrar por publicidad local y garantizaría espacios de difusión para comunidades indígenas en sus lenguas originarias. Además, el espectro radioeléctrico quedará bajo control estatal para la transmisión de mensajes de seguridad nacional. Se prohíbe la difusión de campañas gubernamentales extranjeras, aunque se mantienen excepciones para contenido cultural y turístico.
Estas reformas representan un rediseño normativo con profundas implicaciones para el funcionamiento del Estado mexicano, la protección de derechos humanos, la seguridad pública y la modernización tecnológica del país.
